Actualizado
sábado, 15 junio 2019
13:49
h
URGENTE
  • INVESTIGADOR. Un detective privado consiguió imágenes del demandante que desmentían su versión.
    INVESTIGADOR. Un detective privado consiguió imágenes del demandante que desmentían su versión.

Dicen los directivos de las grandes compañías que intentar engañar al seguro es como un deporte nacional. Las aseguradoras lo saben y dedican tiempo y recursos a investigar los casos que “huelen” raro. Es lo que ha ocurrido con un vecino de Pozo Alcón, que ha sido “cazado” por un detective privado tras sufrir una sospechosa caída del caballo de un amigo. Según su versión, el accidente lo dejó en pésimas condiciones físicas e, incluso, necesitaba dos bastones para caminar. Tuvo que dejar de trabajar, tampoco podía conducir y relataba terribles dolores, incluso, para girarse en la cama. De hecho, se le llegó a conceder una pensión pública por una incapacidad permanente total.

Sin embargo, un juez acaba de pedir ahora a la Seguridad Social que revise ese expediente, tras detectarse en este caso indicios de un posible fraude. El detective que contrató la compañía grabó a este vecino de El Fontanar trabajando en el campo con un tractor, conduciendo y llevando una vida completamente normal.

El hombre, identificado como Miguel Ángel G. F., asegura que sufrió un grave accidente durante la romería de El Fontanar, celebrada el 21 de mayo del año 2016. Ese día, según siempre su versión, un amigo que iba paseando con un caballo lo invitó a subir con él en el animal. Al poco de iniciar la marcha, y como consecuencia de la explosión del cohete, el equino se asustó y levantó las patas delanteras. El jinete no pudo controlarlo y el pasajero se cayó al suelo. Sufrió un traumatismo en la columna vertebral, del que tuvo que ser operado y permaneció más de un año de baja. A raíz de eso, Miguel Ángel G. F. solicitó una pensión de incapacidad a la Seguridad Social, que le fue concedida como consecuencia de los dolores que decía padecer y de las secuelas que presentaba.

De forma paralela, también presentó una demanda contra el dueño del caballo y su compañía aseguradora. Les pidió 98.343 euros por los daños y perjuicios que le ocasionó el accidente. Llegó a aportar un informe pericial en el que ponía de manifiesto que había perdido “la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan especial trascendencia en su desarrollo personal, tales como su profesión o trabajo de albañil, actividades de ocio y vida de relación, de disfrute o placer, de conducción, e incluso actividades esenciales de la vida ordinaria como son la ayuda en las tareas domésticas”. El hombre relató que necesitaba muletas para andar, que sufría continuos calambres y hormigueos en una pierna y que el dolor era terrible, incluso cuando estaba acostado.

No obstante, todo su relato se vino abajo cuando la compañía aseguradora le presentó el informe confeccionado por un detective contratado para seguirle los pasos. El investigador privado consiguió grabaciones en las que se veía a Miguel Ángel realizar “todas las actividades que decía no podía hacer”. En su sentencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cazorla asegura estar “escandalizada” con las conclusiones del informe.

La magistrada también interrogó al demandante y a varios testigos que propuso, entre ellos el dueño del caballo. Su señoría llega a calificar sus testimonios como “incoherentes, inverosímiles, absurdos, irracionales y que no se corresponden con el razonar humano, la lógica y el común sentir de las gentes”. Llega a dudar, incluso, de que el animal con el que Miguel Ángel sufrió el accidente fuera de su amigo. Lo que trasluce es que ambos pactaron esta situación para que pudiera tener derecho a una indemnización por parte de la aseguradora que cubría al equino. La juez rechaza la demanda y, además, incluye en su sentencia una decisión muy llamativa: pide que se envíe la causa a la Seguridad Social para que se revise el expediente por el que se le reconoció una pensión de incapacidad permanente total.

A la cabeza del fraude a la compañía

Jaén es una de las provincias de toda España donde más se defrauda al seguro. Así lo recoge el Cuarto Barómetro del Fraude en el Seguro de Autos de Línea Directa, que constata que la provincia jiennense, con un 7,3% de falsos accidentes declarados al seguro, se encuentra muy por encima de la media nacional (6%). La mayor parte de los fraudes se concentra en el sector del automóvil y de los percances de tráfico.

Puede tener derivadas penales

Los intentos de engaño al seguro pueden tener consecuencias de índole penal. De hecho, pueden llegar a ser consideradas como un delito de estafa, castigado con hasta seis años de cárcel. En este sentido, muchas personas que se ven tentadas de cometer este tipo de fraudes a la compañía ignoran todas los problemas que conlleva, como verse sentado en un banquillo de los acusados delante de un juez.