Un tosiriano viudo lucha por recuperar la tutela de su hija

La última vez que vio a su hija fue el 1 de septiembre de 2016. Cuenta uno a uno, como si de una condena se tratara, cada día que pasa y Cristóbal Marchal mantiene la esperanza de que el siguiente sea el último de esta situación. Una denuncia por malos tratos, como relata, hizo que Servicios Sociales le retirara la tutela y dejara el cuidado de la menor en manos de la familia materna. La cuestión del caso, dice su abogado, está en que un juez ha archivado la denuncia porque dice que no hay maltrato y se apoya, como resalta la defensa, en el informe del fiscal, el informe psicosocial y el testimonio de la niña. Pero la administración no ha devuelto la patria potestad a su progenitor. “No es huérfana. Siempre que el padre o la madre vivan y estén capacitados para ofrecerle asistencia moral y material, prevalece la figura paterna”, destaca Francisco Serrano, abogado de este tosiriano. “Es un caso de una actuación errónea de la administración. Lo dicen todas las declaraciones de los derechos del niño. El menor ha de estar con sus padres”, relata el letrado, que fue magistrado del Juzgado de Familia de Sevilla.

Los problemas comenzaron, como recuerda Marchal, cuando en abril de 2013, ingresaron a su mujer tras enfermar de cáncer. Ahí, asegura que la familia de su esposa cambió su actitud hacía él y empezaron las denuncias, que él tilda de “falsas”. “Mi mujer se moría y ellos pensaron que no iba a dejar que vieran a mi hija”, recuerda. A pesar de eso, resalta que su esposa llegó a declarar que sí era un “buen padre y un buen marido”, por lo que se archivaron los procesos. Y, cuando en julio de 2014, falleció, la situación se agravó y los servicios sociales, tras un informe realizado mientras que el sufría una “crisis de ansiedad y depresión”, le quitaron la tutela.

“Si un niño se queda huérfano, siempre queda el otro progenitor. Debe prevalecer la figura paterna”, apunta el abogado. “No solo los derechos del padre están castrados sino también los del hijo”, añade. Y asegura que este es un caso muy “excepcional”. “Si un juez ha archivado el caso, ¿por qué no ha rectificado la entidad?”, se pregunta. Y vuelve a insistir: “El proceso penal está archivado a instancias de la Fiscalía, con el informe psicosocial y la declaración de la menor a favor”. “Muchas veces estas decisiones de la administración se basan en informes erróneos, que no se ajustan a la realidad”, apunta. De esta forma, como resalta, continuarán con la vía administrativa para que cese la situación de desamparo.