Tres décadas de derechos sociales con el servicio público

Hace tres décadas, un grupo de profesionales logró que se instaurara de manera oficial el servicio público de atención y promoción social en la provincia de Jaén. Un momento histórico que, después de treinta años, permitió hacer más fácil la vida de las personas necesitadas de ayuda y cubrir sus derechos. De hecho, en la actualidad, uno de cada tres jiennenses se benefician al año de los servicios sociales comunitarios creados formalmente en Andalucía en 1986, según señaló la delegada del Gobierno, Ana Cobo, durante la celebración de un acto en la Delegación del Gobierno. Asimismo, indicó que 79.000 familias jiennenses, que suponen 217.250 habitantes y un 32,96% de la población provincial, fueron atendidas por estos dispositivos a lo largo del pasado año. “Son treinta años de avance en derechos para toda la población en general, por ejemplo, con la convivencia familiar o las adicciones, puede acudir a estos servicios para impedir situaciones de exclusión social”, aseguró.

Durante el acto, dos profesionales leyeron el manifiesto, del que Cobo destacó la reivindicación de su trabajo y el paso “tan importante” que supuso pasar de un estado en el que había atención que, de alguna forma, dependía de la sensibilidad del Ayuntamiento, de la caridad de algunas instituciones a que fuera un derecho garantizado con un presupuesto anual por parte de la Junta y de las entidades locales. “Cómo han crecido para atender a toda la población en un abanico amplísimo”, dijo.

Por su parte, la delegada de Salud, Teresa Vega, incidió en la labor prestada por quienes son referencia en los servicios sociales comunitarios. “Fueron los artífices de que esta realidad, que supone la articulación a través de servicios y prestaciones, hoy por hoy, tenga la dimensión y la respuesta a las necesidades de la población que tiene”, manifestó Vega, quien subrayó que el nuevo marco normativo aprobado supone “un paso de gigante” en el reconocimiento de los servicios sociales, así como en la definición del mapa de la red de centros y servicios sociales que ya está en vías de ejecución.

Mientras, la diputada de Bienestar Social, María Eugenia Valdivielso, resaltó cómo el decreto de 5 de marzo de 1986 reconoció la labor de muchos ayuntamientos que, dos años antes, contrataron a trabajadores sociales para atender a la población. “Con el reconocimiento de la Junta a los ayuntamientos, las diputaciones comenzaron a actuar de coordinadoras en esta importante labor”, recordó Valdivielso.