¿Quién es (ir) responsable en el Ayuntamiento?

Aunque no a los niveles de Pikachu y Pokémon GO, la palabra “responsabilidad” está de moda. Por lo menos, en la esfera política. Después de ocho meses de Gobierno en funciones y un par de elecciones, los líderes políticos invocan el sustantivo, como los personajes de Bram Stoker blandían la cruz de Cristo contra Drácula, para evitar una tercera cita electoral. Pero la palabra “responsabilidad” no solo colma el discurso mediático de los principales protagonistas políticos de la escena nacional. En Jaén, el Ejecutivo local del PP apela a ella cada vez que tiene que recurrir a controvertidas operaciones de liquidez para las que necesita una mayoría absoluta que el pueblo le negó el 24 de junio de 2015.

En el pleno extraordinario del lunes, el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, hizo un llamamiento al “voto responsable” de la oposición para sacar adelante una nueva adhesión del Ayuntamiento al compartimento del Fondo de Ordenación para el pago de 24 sentencias firmes por valor de 4,4 millones. No la convenció. Las dudas sobre el destino del dinero, el incremento de la desorbitada deuda municipal que suponía la operación y un informe de la Intervención que cuestionaba la posibilidad de la entidad local para afrontar la devolución tumbaron la medida. Y, ayer, día de resaca, el concejal de Mantenimiento Urbano y actual alcalde en funciones, Juan José Jódar, volvió a recurrir a la palabra “responsabilidad”. Esta vez, para sugerir que, después de lo ocurrido en el pleno: “Lo que se debería hacer, distinto es que se haga, es dar traslado al juzgado de quiénes son los responsables públicos que decían que se pagara (por responsabilidad) y quiénes no”.

En declaraciones a Onda Jaén, Jódar se dijo “sorprendido” y “abochornado” por la situación “tan variopinta” que se vivió —en su opinión— en la sesión extraordinaria del lunes. Argumentó que el equipo de Gobierno local, “de la manera más responsable y menos costosa y gravosa para los jiennenses”, había “intentado” acogerse a la ampliación del Fondo de Ordenación “para pagar a una serie de empresas que han acometido trabajos para la Administración pública y a los que el Ayuntamiento está obligado a pagar”, por mandato judicial. Sin embargo, añadió: “Nos encontramos una cantidad de señores responsables de lo público entrecomillas en un pleno de la ciudad que votan en contra”. “Lo que ocurrió es de esas cosas que, en lo público, no deberían pasar”, consideró.

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