Actualizado
martes, 13 noviembre 2018
18:45
h
URGENTE
  • 2011. Una niña, ilusionada, mira por la ventanilla del tranvía que circula por la Carretera de Madrid.
    2011. Una niña, ilusionada, mira por la ventanilla del tranvía que circula por la Carretera de Madrid.

El tranvía se quedó en cocheras cuando, en mayo de 2011, un juzgado paralizó sus pruebas en blanco, en las que los pasajeros no tenían que pagar el billete, al entender que había competencia desleal con la concesionaria del transporte urbano en la capital. El regreso del tren ligero al despacho de un magistrado, siete años después, a raíz de los indicios de responsabilidad contable que detecta en su proyecto el Tribunal de Cuentas (TC), puede suponer que, de nuevo, el malogrado “lagarto mecánico”, continúe en su casa de Vaciacostales una larga temporada y eso que, en noviembre, todo era optimismo. De ahí, ante las dudas del Gobierno local para alcanzar un acuerdo con la Junta y la Diputación, que le permitía reducir el déficit de explotación, el PSOE, al frente de estas instituciones, acusó al alcalde, Javier Márquez, de buscar excusas para bloquear el proyecto y, ayer, con la fuerza que le da la “mala imagen” que ofrece una idea que circula más por los juzgados que por su recorrido, el regidor jiennense, directamente, le dio la vuelta a la tortilla. “No quiere poner en marcha el tranvía en este mandato”, reprochó Márquez al Gobierno andaluz que reeditó las acusaciones que comenzó a lanzar contra el consejero de Fomento, Felipe López, con el que tiene que dialogar para ponerle el cascabel a este gato, al que criticó que venga “los viernes a insultar”, en lugar de cerrar ya el compromiso.

En declaraciones a los periodistas, en una línea que da muchas menos razones para la esperanza de que se reactive el tren ligero, dejó claro que, aunque está dispuesto a buscar soluciones para rentabilizar la importante inversión pública que supuso la construcción de este medio de transporte, se trata de “un problema más”, que no es una “prioridad”. Al valorar la decisión del Tribunal de Cuentas, Javier Márquez, consideró que se ha detectado “la opacidad de una serie de convenios”, “ilegalidades que se han presumido” y las “consecuencias que eso tiene en los fondos públicos” lo que, finalmente, llevó el caso a la Fiscalía. “Es una triste consecuencia de los que hemos visto en siete años, que realmente ha habido un despilfarro, que mucha gente no entendía y que después a sabiendas se le ha dado la gestión a un ayuntamiento que estaba quebrado”, argumentó. El viceportavoz del equipo de gobierno, Miguel Contreras, también se pronunció en términos similares. En un comunicado, la Consejería de Fomento y Vivienda muestra “su máximo respeto” con el TC y anuncia que trabaja ya en la presentación de las oportunas alegaciones sobre los asuntos que son objeto de las diligencias preliminares. Defiende que todo el proceso, no obstante, gozó del “mayor rigor en la tramitación y procedimientos administrativos seguidos para su desarrollo, además de seguir el cumplimiento de las normativas vigentes en esos años”.

La Administración autonómica sostiene que las diligencias abiertas “se refieren a aspectos procedimentales y en ningún caso se pone en cuestión el destino de las partidas económicas, que fueron empleadas efectivamente a la finalidad prevista, con cuantías que ascienden a 120.000 euros dentro de una proyecto con una inversión global que supera los 120 millones, lo que supone un 0,1 por ciento del gasto objeto de fiscalización”.

El caso ya está en manos del Juzgado número 1

El caso de las posibles irregularidades en el proyecto del tranvía de Jaén está ya en manos de Fernando Moral, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén. El magistrado tendrá que determinar si está ajustado a derecho un convenio suscrito con la Universidad de Jaén, —sobre el que la UJA no se pronuncia—, el 30 de noviembre de 2009, por el que la Consejería se comprometió a financiar con 68.672 euros un proyecto de investigación relativo a la a integración de las personas en situación de dependencia en la autonomía personal en la ejecución del sistema tranviario de Jaén. Según el Tribunal de Cuentas, este encargo a la UJA “se debería haber formalizado mediante un contrato administrativo en lugar de realizarse a través de un convenio de colaboración, como así se impulsó”. También hay dudas en cuento a la fórmula de tramitación de una factura por unos trabajos realizados en 2010 dentro de la elaboración del proyecto, con un gasto que ascendía a 58.369,12 euros y que se tramitó por un expediente de liquidación, a pesar de que el TC no lo considera como el método más adecuado para su fiscalización y cobertura contractual”.

Dudas sobre la gestión de Fernández de Moya

El PSOE atribuye al anterior alcalde de Jaén y actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, la decisión de no construir la sede de la Policía Local en el Bulevar con cargo al convenio del tranvía. Al Tribunal de Cuentas, entre otras cuestiones, no le consta un informe que justifique la conveniencia de disponer de esos terrenos que, precisamente, implicaban el traslado de las dependencias del Cuerpo, lo que incrementó el coste. Cabe recordar que se planteó como ubicación Expansión Norte y que, finalmente, la Policía Local está en la Avenida de Granada. La secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén, África Colomo, reprocha al Gobierno local que pida responsabilidades a los socialistas por este asunto cuando lo que debería hacer es “buscarlas en su propia casa”. Colomo apunta en un comunicado que la compensación de la Junta por el uso para el tranvía de las instalaciones de este cuerpo en Vaciacostales fue la construcción de tres sedes de policía en el recinto ferial, junto al Ayuntamiento, que sí se llegaron a habilitar, y en el Bulevar, que es el que no se construyó.