“Iremos al Ayuntamiento a pedir agua para el Puente de la Sierra”

El barrio lleva más dos meses seco, a pesar de que llega la red de abastecimiento

11 may 2019 / 11:17 H.

En un capítulo de Barrio Sésamo, el programa de televisión, aparecieron una vez dos marionetas, el Tío Pepe y la Tía Pepa. En un momento memorable, el primero quiere ir a por agua, pero el cubo tiene un agujero. Como no sabe que hacer, le pide a ella consejo y esta le responde que busque un palo y lo tape; él, que confía en la Tía Pepa, le dice que no tiene con que cortarlo y ella le recuerda que sí, que hay un hacha; luego, el Tío Pepe, se da cuenta de que no corta la herramienta y esta le conmina a afilarla con una piedra, entonces, para su desolación, el muñeco ve que es imposible, porque el afilador está seco; ella, desesperada, lo manda a por agua y, claro, el pobre, no sabe lo que hacer, ya que el cubo tiene un agujero. Es una situación absurda. En el Puente de la Sierra se da también un sinsentido, relacionado con el líquido elemento, eso piensa la asociación de este diseminado, “Puensi”, que siente que los ciudadanos del barrio son como el Tío Pepe y el Ayuntamiento, la Tía Pepa, que no los entiende. “Hay una red de suministro, construida por la Administración local hace más de quince años que lleva el agua potable hasta allí, sin embargo, apenas hay casas con suministro. Es incomprensible”, asegura Antonio Carrillo, vicepresidente del colectivo. Lo dijo ayer, cuando ya llevan unos dos y meses y medio con los grifos secos, convencido de que es el Gobierno local el responsable de garantizar este servicio. “Iremos a la puerta del Ayuntamiento, a manifestarnos para que haya agua, si es preciso”, anunció el representante vecinal.

El problema afecta a unas 1.000 personas, las que tienen su hogar en unas 150 viviendas, de las que en torno a un centenar son residencias permanentes, aclara el número 2 de “Puensi”, al que acompañaron el presidente Francisco Ramírez y el vocal Manuel Troyano. “Pagamos el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y la basura, también estamos dispuestos a pagar por el agua”, dejaron claro. Para explicar la situación en la que se encuentran hay que tener en cuenta varios factores, el primero, que las viviendas están una situación de alegalidad, pero recuerdan que hay otras muchas así en la capital, de hecho barriadas enteras, y que en algunos casos sí se adoptaron soluciones como las que ellos piden, como ocurrió en otros lugares. El Ayuntamiento les propuso enganchar el agua hasta una vivienda que sí esté regularizada para, de ahí, llevarla al resto de fincas, un modelo ya aplicado en el Pilar de la Dehesa y el Pago de Juan Ramos. Esto, aclara, implicaría constituir una comunidad de bienes para administrar el servicio. “El problema es que habría que hacer una red nueva, porque la que hay está obsoleta y no tiene sentido seguir usándola; estamos dispuestos a hacer la obra, pero no nos dan la licencia municipal. Aunque alguien mire para otro lado, no nos podemos arriesgar”, argumenta Carrillo. Y es que todo comenzó hace ya 14 años, cuando, conforme a un convenio de colaboración suscrito entre el padre de un empresario jiennense, Rafael Alcántara, y la Administración local, esta familia se hacía cargo del suministro de agua a algunos usuarios de la zona. Desde entonces, como asegura este, en numerosas ocasiones se advirtió a la Administración local de la necesidad de que cambiara el modelo, sobre todo, porque la colaboración se basa en un acuerdo que, en un principio, solo era para dos años y, aunque luego se prorrogó, está más que expirado. Alcántara alega que asumir esta prestación por más tiempo le genera una serie de problemas económicos e inseguridad jurídica y, de ahí, que decidiera dejar de asumirlo. A las puertas del verano pasado, el equipo de Gobierno logró que mantuviera durante el verano el abastecimiento, pero, posteriormente, lo cortó, ya de forma definitiva. Tras diversos intentos de diálogo, la Administración local llegó a la conclusión de que antes de nada es preciso que las viviendas se acojan al proceso de regularización que fue posible tras el decreto de la Junta de 2012 que creó la figura denominada asimilado fuera de ordenamiento.

Los vecinos preparan una demanda para reclamar un derecho básico

La situación de hartazgo entre los vecinos del Puente de la Sierra, que sufren cortes de agua desde el mes de junio de 2018, es tal que están dispuestos a recurrir a la Justicia. Para ello, un grupo de residentes creó una comisión, de la que forma parte la Asociación de Vecinos del Puente de la Sierra, “Puensi”, y que, precisamente, está encabezada por el vicepresidente de este colectivo, Antonio Carrillo. Tras una asamblea, con gran afluencia de público a mediados de marzo, se tomó la decisión de emprender acciones legales contra él, hasta ahora, responsable del abastecimiento. Con respecto al Ayuntamiento, también se muestran críticos y le recuerdan que, en su plan para la regularización de las viviendas de esta zona, denominadas “asimiladas fuera de ordenación”, se pidió que los vecinos aportarán una serie de documentos en Urbanismo y que, a cambio de abonar las tasas, tendrán un descuento. “Muchísimos vecinos realizan este pago con la ilusión de convertir su vivienda en una construcción legal, como se nos dice. El dinero lo recogieron, no sabemos que destino tuvo, lo mismo que tampoco sabemos si estos documentos fueron revisados”, razonan. En cuanto el argumento de que las casas sin regularizar no puedan tener agua, dejan claro que ya existe una red construida y, por ello, lamentan: “Es impensable que en el siglo XXI se realicen inversiones con dinero público y que los ciudadanos no puedan tener acceso a un elemento de primera necesidad”. Antonio Carrillo explicó ayer que ya se ha avanzado en las acciones legales que se emprenderán contra las dos partes, aunque, por el momento, no está todavía presentada en los tribunales.