Homs y su “juicio político”

El portavoz de la antigua CDC sostiene que la sentencia ya está dictada

20 sep 2016 / 10:24 H.

El portavoz de la antigua Convergència (CDC) —ahora Partit Demòcrata Català (PDC)— en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, asegura que la sentencia que resulte de su implicación en la consulta del 9-N “está dictada” y que existe una actividad gregaria entre Gobierno, Fiscalía y jueces instructores respecto a esta causa. En rueda de prensa en la que ha comparecido arropado por la plana mayor de su partido, ha explicado que ha mantenido un “debate vivo” con el magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, que le ha interrogado en el marco de la investigación de la consulta en Cataluña, la cual ha calificado de “claramente legal”. En concreto ha dicho que se trata de un asunto “precocinado” y que tiene la sensación de que todo esto se enmarca dentro de un proceso político “donde el derecho se utiliza como pretexto”, añadió.

“Lo se quiere es otra cosa y los argumentos jurídicos importan lo que importan porque lo relevante es seguir el hilo gregario de lo que ha establecido el PP por el Gobierno, acto seguido la Fiscalía y acto seguido la instrucción”, ha señalado. El portavoz parlamentario del PDC ha añadido que “políticamente” no va a acatar las decisiones que se tomen en el marco jurídico. Añadió que si lo que intentan algunos es amedrentarles “no han entendido nada”. “Justo lo contrario, la sensación que tengo es que este no es tema personal. Igual pueden tumbar a uno pero no puede servir de nada porque yo sólo soy un pretexto. Con la fuerza puedes imponer muchas cosas pero no puedes convencer jamás a que cambien sus ideas”, ha afirmado. Homs, acusado de presunta desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, ha prestado declaración ante el magistrado aunque se ha negado a responder a las preguntas del fiscal porque, dice, ha perdido “la fe” en el Ministerio Público, que ha calificado de “brazo armado” del Gobierno en esta cuestión. Al respecto, ha argumentado que la querella presentada por la Fiscalía General del Estado en 2014 es contradictoria con la decisión inicial de los fiscales catalanes que no veían caso alguno y que ésta cambió “de cabo a rabo” su juicio de los hechos en la medida de si eran o no constitutivos de delito, algo que califica de “ totalmente escandaloso” y que pone de manifiesto que las instituciones “hacen seguimiento y seguidismo” de lo que pasa en Cataluña.

Precisamente se ha basado en la postura de los fiscales catalanes para defender que no ve delito en la carta con la que respondió a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones del 9-N, y con la cual el Ministerio Público consideró que el exconseller de Presidencia tuvo un papel de indudable relevancia en la preparación de la convocatoria.