Guadalbullón, un charco maloliente

Los problemas de depuración de agua en Puente Tablas son históricos, no es nueva la queja de la asociación de vecinos sobre esta cuestión. El presidente del colectivo ciudadano, Pedro García, cree que es preciso que se acometan las obras necesarias cuanto antes y que las administraciones implicadas destinen el dinero que cobran, por la prestación del servicio, a acometer un proyecto que, de una vez por todas, acabe con una situación que, además de suponer un auténtico daño medioambiental, constituye una ilegalidad. No hay que olvidar que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene potestad para imponer sanciones a los ayuntamientos que no eviten los vertidos de aguas fecales a los ríos, como ocurre en el Guadalbullón.

Ese es el marco general, el particular, en el caso de Puente Tablas, es que el caudal del afluente del Guadalquivir es ridículo, como consecuencia de la falta de lluvias y la incipiente sequía. “Apenas llevará un centímetro de agua”, explica el presidente de la asociación de vecinos. El resultado, el río es un charco maloliente, perfectamente visible desde el puente de la carretera de Torrequebradilla, una imagen y un hedor que es lo primero que se ve al llegar a este núcleo de población.

“Hay unas dos mil viviendas, solo en el Puente Tablas, que vierten directamente al cauce, a las que hay que sumar las que se encuentran más arriba y todo ello, a cinco minutos del campus de Las Lagunillas, algo insostenible”, reflexiona Pedro García. Los malos olores y los insectos se multiplican cada día que pasa, porque a la falta de agua se suman las elevadas temperaturas, instaladas en registros que superan los 30 grados, y en algunas jornadas los 40, prácticamente desde el mes de junio. “Muchos residentes se ven obligados a estar con las ventanas cerradas prácticamente durante todo el día, y menos mal que hay mucha vegetación y jardines que hacen de filtro, aunque lo cierto es que, al lado de muchas casas y de negocios de hostelería, a los que acuden los vecinos de Jaén en busca del fresquito de la noche, se acumulan aguas fecales sin que nadie haga nadie por evitarlo”, deja claro el portavoz de la entidad. La depuración de aguas es una obligación legal. La directiva europea 91/271 es taxativa. Los núcleos urbanos deben “disponer, según los casos, de sistemas de colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales” y, antes de su vertido a ríos, arroyos o a aguas marinas, han de someter esas aguas a distintos tratamientos que dependerán del emplazamiento en el que se producen. Pero las obras programadas se eternizan y el incumplimiento de la normativa trae sanciones. Expedientes que, en un 50% de los casos —según Ecologistas en Acción—, recaen sobre las administraciones locales, debido a que se trata de vertidos a las redes públicas de saneamiento. El pasado día 19 de julio, la Junta de Andalucía y el Gobierno suscribieron en Estepona (Málaga) un protocolo que incluye 149 obras de tratamiento de aguas en la región, con una inversión prevista de 790 millones de euros hasta 2021 para atender las necesidades de 2,4 millones de habitantes. De esas 149, el Gobierno cofinanciará, con 230 millones, 31 estaciones depuradoras de municipios costeros porque tienen interés nacional, aclara el delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Al ser de interior y de interés exclusivamente andaluz, ninguna de las 31 que están programadas en esta provincia se beneficiará de la aportación del Estado. La Administración autonómica tiene previsto acometerlas a lo largo de los próximos cuatro años.