Encontronazo plenario por la deuda de la piscina de verano

El ambiente electoral quedó claro en el pleno municipal de anoche. Después de abordar cuestiones como operaciones de crédito, el nuevo pliego de la ayuda a domicilio o una moción sobre el servicio de ayuda a domicilio, la sesión tuvo una final manifiestamente bronco. Fue en el turno de ruegos y preguntas.

El portavoz del PP, Marino Aguilera, denunció que, por primera vez en 39 años, un alcalde impide a la oposición acceder a un expediente. Se refería, en concreto, al de la deuda de la empresa Aquasip —perteneciente, al máximo responsable municipal de Castillo, Cristóbal Rodríguez— relacionada, principalmente, con la piscina de verano. El escrito en que se deniega la puesta a disposición de los papeles es, a juicio de Aguilera, “un documento histórico”. El edil opositor manifestó que se niega un derecho recogido en la Constitución. De acuerdo con el político popular, la justificación es que el expediente está en “reelaboración”. Dijo que se escuda en la Ley de Transparencia. En relación con los requerimientos de pago de los débitos reclamados por el PP, Marino Aguilera aseguró que estos no pueden reelaborarse. Por ello aventuró que, tal vez, no existen o no fueron notificados o el equipo de Gobierno socialista no quieren que sean vistos.

El alcalde, Carlos Hinojosa, contestó a la interpelación plenaria que recibirá el expediente “cuando esté concluso”. Indicó que tendrá acceso cuando tenga que tenerlo, es decir, “cuando esté en el punto en que pueda ser visto”. Destacó que la decisión está respaldada por informes de técnicos, que, a su vez, se basan en la Ley. Incluso dio a entender que Aguilera tenía a su disposición emprender acciones legales, pues, precisó, “tiene el abogado en caso”. Para acabar auguró que el portavoz popular iba a ser denunciado por uso indebido de información.

Minutos antes, en el punto sobre la ayuda a domicilio, “saltaron chispas” entre Marino Aguilera y la concejal de Servicios Sociales, María José Aceituno. Entre otras cuestiones, el popular aludió a la denuncia por abusos de una trabajadora y Aceituno precisó que había sido con a anterior empresa concesionaria y que si repetía que el equipo de Gobierno no había tomado cartas en el asunto la cuestión “iría a mayores”.

También hubo tensión con la portavoz de IU, Rafaela López, quien, nada más empezar la sesión denunció que el alcalde le cortaba el micrófono por una intervención sobre el acta del pleno de la sesión anterior referente a su rechazo al hermanamiento entre Alcalá y Sevilla y a su ubicación en IU. En ruegos y preguntas, López, en una prolija intervención, recriminó al Gobierno local las supuestas cortapisas para acceder por la tarde a su despacho en el Ayuntamiento, edificio ahora en obras. La edil de Presidencia, Cecilia Alameda, le contestó que las limpiadoras no son conserjes y pidió que no la amenazara a ella por teléfono. Carlos Hinojosa precisó que había estado fuera de horario laboral en la zona de Intervención y aludió a que hay información sensible y a la falta de vigilancia. En otro orden de cosas, la portavoz sacó el cartel de “Alcalá Muestra” para criticar que reflejara un esqueleto con una fruta, que a su juicio representa la muerte. Luego tildó de “porquería” la obra e incluso aseguró que iba a hablar con el trabajador municipal que la hizo.