El turismo pide “libertad” para hacer frente al fraude

Junta y Policía Nacional hacen piña contra la clandestinidad en establecimientos y servicios de alojamiento turístico en Jaén. Sin embargo, desde la Asociación provincial de Empresas de Alojamientos no ven esta suma de esfuerzos con muy buenos ojos y solicitan a la Administración autonómica “la liberalización del sector turístico”. Así lo asegura José Ayala, presidente del colectivo, que pone de manifiesto “los dos años de lucha” en los que únicamente obtuvieron “buenas palabras”. “No existe ninguna expectativa de que la Junta de Andalucía acceda a la liberalización del sector. Llevamos dos años quejándonos de la existencia de viviendas turísticas clandestinas en las ocho provincias andaluzas” señala Ayala, a la vez que muestra el “desamparo” que sintieron los hosteleros por parte de la Policía Nacional, desde donde les aseguraron, en sus palabras, que “no podían hacer mucho ante las denuncias realizadas” por el colectivo.

Esta semana, los miembros de la Asociación de Empresas de Alojamientos de Jaén participaron en una asamblea en el seno de la federación andaluza. Allí, trasladaron a la Consejería de Turismo el “malestar” generalizado y transmitieron su deseo de que se “liberalice el sector”. “Lo que queremos es que no exista ningún tipo de regulación para nadie, por lo que queremos que elijan los clientes en función de calidad y precio”, incide el responsable.

En esta misma línea, calcula que en torno al 20% de la oferta turística de Jaén “no está regulada”. “Tenemos constancia de que hay unas 180 viviendas que ofrecen servicios turísticos de forma clandestina”, apunta Ayala, que especifica algunas zonas de la provincia donde este problema se da con más frecuencia. “Estamos hablando de pisos, casas y apartamentos en Úbeda, Baeza, Jaén, Cazorla y los cuatro parques naturales”, detalla. De esta forma, el presidente de la asociación evalúa también un decreto “laxo” a través del que la Junta de Andalucía creó la figura de vivienda con fin turístico. “En su momento fue apoyado por las fuerzas sindicales alegando que se trataba de economía social, pero ahora se quejan porque no hay crecimiento en el sector”, dice Ayala.

El Gobierno andaluz, por su parte, continúa en la lucha por acabar con el fraude turístico, que produce pérdidas para hosteleros y demás miembros del sector. Así, contabiliza un total de 84 viviendas inscritas en el Registro de Turismo de la provincia, por lo que están totalmente bajo regulación institucional.