El PP y Gallarín, en el “punto de mira” por la expropiación millonaria
Resultado de la investigación tras la sentencia del TSJA
Nuevo episodio en la polémica que rodea al Ayuntamiento de La Carolina por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga a la Administración local a pagar 4 millones de euros debido a la expropiación de la finca Las Torrecillas. Según informó a través de un comunicado el propio Ayuntamiento carolinense, la comisión de investigación creada tras la mencionada resolución judicial ya ha arrojado sus resultados. Y los mismos señalan al Partido Popular del municipio y “principalmente” al exalcalde Francisco José Gallarín como los “responsables” de esa operación.
Los terrenos de la finca fueron recalificados en el año 1996 y nuevamente clasificados en 2011, según la nota. Así, la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, informa de que la expropiación se inició con un justiprecio de 1.519.108 euros y, finalmente, terminó en cuatro millones. “A la vista de los expedientes analizados y de las pruebas practicadas en esta comisión de investigación, queda plenamente probado que la responsabilidad es exclusiva de los gobiernos del PP y, principalmente, del Gobierno de Francisco José Gallarín Pérez”, manifiesta Reche.
Asimismo, para argumentar esta confirmación, la alcaldesa se ha remitido a los datos del informe que reza, textualmente: “Sin perjuicio de las modificaciones de planeamiento en los años 1996 y 1999 del Grupo Popular, que la comisión concluye que podrían haber sido claros casos de especulación urbanística, suponen una responsabilidad en tanto se decide utilizar la expropiación para un sistema general con las consecuencias que ello puede conllevar a largo plazo, como así ha sido”.
Igualmente, Yolanda Reche añade a la argumentación la “inactividad” en el expediente administrativo, así como la “falta de consignación” del importe de justiprecio, “que ha conllevado el devengo de intereses” y la falta de representación letrada que defendiera los intereses municipales en vía judicial. Por lo que, dadas las fechas en las que los actos tuvieron lugar, son responsabilidad exclusiva del Partido Popular y, en concreto, de su portavoz y ex alcalde Francisco Gallarín. La comisión de investigación impulsada desde el Ayuntamiento de La Carolina fue decidida en un pleno municipal celebrado en septiembre para depurar responsabilidades políticas.
El Ayuntamiento de La Carolina decidió que la finca de La Torrecilla se incorporara al patrimonio de suelo municipal en 1996. Entonces el alcalde era Ramón Palacios Rubio (PP), que se mantuvo en el cargo hasta 2011. “La sentencia es la consecuencia de una irresponsabilidad política cometida en aquella etapa. Es lamentable que modificara la calificación de esa parcela y la convirtiera en dotacional deportivo y, luego, durante más de ocho años, no hiciera nada e incumpliera el compromiso”, explica la actual alcaldesa, la socialista Yolanda Reche. En este sentido, la actual regidora aclara que cuando ella llegó al Ayuntamiento en 2015, se encontró con este pleito: “Tuve que nombrar hasta al abogado para que defendiera al Consistorio. No pudimos ni presentar una valoración alternativa, porque el plazo estaba ya agotado”, se defiende. Estas críticas van ya dirigidas a su antecesor en la Alcaldía, Francisco Gallarín (PP).
Con respecto a la sentencia, Yolanda Reche aseguró, al conocerla, que se trata de “un palo muy gordo”: “No tenemos los cuatro millones de euros. Trataremos de buscar algún acuerdo con el propietario y, posteriormente, siempre que los técnicos lo permitan, intentaremos que esa parcela se convierta en suelo industrial”, concluyó la dirigente.
El fallo del Alto Tribunal andaluz, fechado a finales de abril, es consecuencia de un largo proceso administrativo y judicial que ha durado más de una década. La condena al Ayuntamiento alude a una parcela de casi 41.000 metros cuadrados, ubicada en la carretera de El Centenillo, donde concluye el término y que, de no variar, va a salir bastante cara a las arcas públicas del municipio. La decisión del TSJA se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
pago. La sentencia del TSJA obliga a hacer efectiva la expropiación de los 41.000 metros cuadrados, situados en el paraje La Torrecilla. De las arcas municipales deben salir 2,69 millones —según la tasación de 2006, en pleno auge del sector inmobiliario—, más alrededor de 1,3 millones por los intereses de demora transcurrido en el periodo de más de una década que separa la presentación de la denuncia y el fallo final.
comisión. Por lo que respecta a la comisión de investigación, estuvo presidida por la alcaldesa, la socialista Yolanda Reche, y compuesta por vocales de todos los grupos políticos representados en la Corporación Municipal: el PSOE, el PP, IU y el grupo independiente PINP. El órgano extraordinario se extinguirá, de manera automática, tras hacer públicos el dictamen o las conclusiones sobre el caso, que, tal y como informó la alcaldesa carolinense, apuntan directamente a Gallarín y el PP.