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miércoles, 26 septiembre 2018
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URGENTE
  • PARALIZADA. Vista aérea de la cantera de Fuente de la Peña, en la carretera de Los Villares.
    PARALIZADA. Vista aérea de la cantera de Fuente de la Peña, en la carretera de Los Villares.

Primer paso en la investigación judicial en el caso de la cantera de la Fuente de la Peña. El magistrado Miguel Sánchez-Gasca, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén, tomó declaración como investigados a cuatro de las ocho personas señaladas por la Fiscalía en su denuncia como presuntos autores de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales y otro contra la ordenación del territorio y el urbanismo. En concreto, fueron interrogados un miembro de la comunidad de bienes que tiene la propiedad de la concesión minera, el gerente de esa entidad, el representante de la empresa que realiza actualmente la explotación y un técnico de Minas de la Delegación Provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa. En líneas generales, los cuatro defendieron la legalidad de la actividad de la cantera Fuente de la Peña. Reiteraron que cuentan con todos los permisos y que el trabajo desarrollado en el monte se ciñe escrupulosamente a lo que se especifica en la licencia, tal y como explican las fuentes judiciales consultadas.

Una vez escuchada su declaración, el juez Sánchez-Gasca comunicó a las partes que decidirá en los próximos dos días sobre la medida cautelar solicitada por la Fiscalía en la denuncia. Hay que recordar que el Ministerio Público solicitó al juez paralizar la actividad extractiva en la cantera para “proteger los recursos naturales, el medio ambiente y la ordenación urbanística y territorial”. El magistrado adoptará la decisión en 48 horas. A efectos prácticos, la medida cautelar reclamada por el fiscal en su denuncia no modificará la situación. ¿Por qué? La actividad de la cantera ya está paralizada por la vía administrativa, después de que la Junta de Andalucía declarara la caducidad de la concesión. Una medida que está recurrida por la propiedad en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Ahora bien, si el magistrado no da la razón a la Fiscalía, supondría una primera “victoria moral” para los investigados.

Además, el magistrado Sánchez-Gasca ha acordado de oficio la realización de unas diligencias encaminadas a determinar si la empresa ha realizado alguna modificación de la actividad extractora que se permite en el proyecto. De este modo, la investigación no ha hecho más que comenzar, pues la empresa podrá presentar los correspondientes contrainformes que considere oportunos.