El informe sobre la zona azul admite el beneficio del rescate

En una de cal y otra de arena. Así se resume el contenido del informe que el Negociado de Transportes elaboró, a mediados de abril, sobre los costes que tendría la municipalización de la zona azul y del que el edil de Personal, Miguel Contreras, apenas ofreció una pincelada a principios de este mes, enfatizando las “dificultades” del “rescate”. Si el Ayuntamiento asumiera la gestión directa del servicio, “manteniendo la infraestructura, el mismo personal (un jefe administrativo, un jefe de equipo y cinco controladores) y aplicando las retribuciones imperantes”, el “beneficio posible de explotación” rondaría los 155.353,94 euros anuales. Esta es la diferencia entre unos ingresos que, en 2015 —según el Negociado—, ascendieron a 494.116,5 euros y un coste simulado por su gestión directa por parte de la entidad local de 338.762 (esta incrementa en 8.640 euros el precio de explotación en manos privadas).

La “dificultad seria” de la municipalización aparece cuando se analiza la “vejez del material” (expendedores, informática, PDA, señalización, etcétera). “Es necesario realizar una inversión, estimando una amortización a 8 años (el mismo periodo que la anterior), que puede estar en torno a 260.000 euros”, se lee en el informe, que el equipo de Gobierno facilitó ayer a los grupos de la oposición. Entre los inconvenientes del “rescate”, el Negociado de Transportes enumera: “Posiblemente, un mayor absentismo laboral”, que la empresa que presta el servicio, Eyssa, cifra en un 2% en la actualidad; una flexibilidad en el traslado de personal controlador que, en estos momentos, “no existe”, y una jornada laboral de “menor horario”, como consecuencia de la aplicación del convenio colectivo del Ayuntamiento, lo que implicaría la contratación de “dos personas, mínimo”, como avanzó Contreras. No obstante, si se mantiene el número de trabajadores actual, apunta la ventaja de “mayores ingresos”.

En este sentido, el informe señala la “necesidad” de ampliar la zona en la que está implantado el estacionamiento regulado, “con el incremento de otras calles que no son utilizadas por los vecinos y sí por visitantes a centros públicos, de ocio y/o comercios”. “Ello —continúa el jefe del Negociado de Transportes— supondría un mayor beneficio que compensaría aun con incremento de personal”. A lo que se suma otro hecho: “La última revisión y actualización de tarifas fue por acuerdo plenario de julio de 2006”.

Si el Ayuntamiento se decanta por mantener la privatización del servicio, se sugiere la posibilidad de incrementar el canon anual por la concesión del servicio en función del beneficio neto. En la actualidad, advierte de que ese canon, establecido en 26.604 euros, “queda muy por debajo”.