El Ayuntamiento no ve delito contable en la obra del tranvía

El concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, informa de la presentación, por parte los servicios jurídicos de la Alcaldía, de las alegaciones a las diligencias preliminares abiertas en la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, vinculadas al informe de fiscalización del sistema tranviario de la ciudad. En concreto, sostiene Bonilla, conforme al criterio de los trabajadores municipales y con los datos de los que dispone el Ayuntamiento, entienden que no ha lugar “responsabilidad contable por alcance”, es decir, que no hay menoscabo para la hacienda local, en relación, al menos, a los dos expedientes municipales a los que hace alusión el TC, como son el traslado de las dependencias de la Policía Local y también en las pruebas en blanco del tren ligero.

“Sí existen irregularidades importantes, en materia de contratación administrativa, pero entendemos que esas irregularidades, en ningún caso, determinarían responsabilidad contable por alcance”, aclara, siempre con la cautela de tener en cuenta que no obra en manos del Ayuntamiento la información al completo y con la puerta abierta a que la Fiscalía y la Abogacía del Estado determinen lo contrario, al disponer de más datos. Tampoco entran a valorar otras cuestiones a las que alude el TC. Este documento fue definitivo el 30 de noviembre y llegó a manos de la Administración local, explica, a mediados de diciembre. Bonilla recuerda que el órgano fiscalizador centró su atención en determinadas cuestiones, “unas vinculadas a la Junta de Andalucía, otras a la Universidad de Jaén y dos cuestiones vinculadas también, en materia contractual” por la posibilidad de que se haya incurrido en responsabilidad contable. Las alegaciones, dentro del plazo concedido de cinco días, sí hacen alusión, puntualiza el responsable municipal de Hacienda, “al enorme perjuicio” causado por las inversiones del tranvía. Unos gastos que, como deja claro, se pusieron en marcha “sin la preceptiva planificación” y con efectos formales “muy importantes”. “Hemos tenido que asumir el coste financiero de los elementos móviles y el 50% de la dirección de obra, con un recargo de apremio que, según el TC, no se ajusta a la legalidad vigente”, precisa, ya que está en torno al 20% y, de hecho, se reclama ese sobrecoste a la Junta, incluso, con el reconocimiento de estas facturas por parte del pleno de la Corporación Municipal.

En clave política, el paso dado por el Gobierno local, aunque con ciertos reparos, basado en información técnica y sin dejar de lado su afán por reclamar a la Administración regional un exceso de gastos de fondos públicos en el faraónico proyecto del tranvía, se puede entender como un respaldo a la gestión del Gobierno local del PSOE e IU que fue el que impulsó la construcción del nuevo medio de transporte. Con sus explicaciones, Bonilla deja claro que no se desvió dinero del erario municipal, aunque sí carga las tintas con el modo en el que se dieron pasos administrativos para impulsar la construcción del sistema tranviario. Una tesis que, aunque con más benevolencia, también defienden los socialistas.