Condena rotunda por “El Ferial”

Mazazo económico sin paliativos. Una sentencia de la titular del Juzgado número 2 de Alcalá, Cristina Luis Vilches, da la razón a los arquitectos Juan Carlos Sánchez-Cañete Liñán y Juan Francisco Almazán López, que reclamaban a parcelistas sus honorarios por los planes que redactaron para la construcción de la urbanización S-3, más conocida como El Ferial. La magistrada condena a los propietarios a pagar una cantidad abultada. En conjunto, la suma es de 116.214 euros, más el IVA y los intereses generados desde que, en noviembre de 2011, se admitió a trámite la demanda. Aparte, deberán sufragar, de manera proporcional, las costas del juicio. Contra la resolución cabe presentar recurso.

El importe impuesto a los condenados coincide con el que requerían los arquitectos. Así, Miguel C. R. deberá abonar 671 euros, igual que los herederos de Juan C. R. A Eduardo V. R. se le insta a aportar 792; a José L. R., más de 16.000; a Francisco D. C. M., unos 8.300; a José María G. D. C., algo más de 4.000; al promotor Antonio M. F., por encima de 51.000; a Mediterránea de Hábitat y Gestión, unos 6.200; a Rafael C. A., cerca de 2.200; a Sierras de Boabdil, 1.695; a Domingo A. L., más de 10.300; a la Cooperativa Santo Domingo de Silos, 5.056, y a Manuel R. R., 8.267. A todas estas cantidades se sumarán el IVA y los citados intereses. La sentencia absuelve a Ángel S. S., Rosario S. S. e Ignacio G. D. L. S. O. porque se cree acreditado que no firmaron documentos ni hicieron encargo alguno. Ninguno de los denunciados en el juicio civil fueron declarados en rebeldía, es decir, que se negaron a pagar pero no se opusieron alegaciones a la demanda. En el caso de estas tres personas, los demandantes tendrán que asumir las costas generadas por ellos en el proceso. El pleito, al principio, era mucho más amplio, pero varios parcelistas accedieron a entregar el dinero que se les requería en los años transcurridos desde 2011.

Cristina Luis desbarata con argumentos la pretensión de buena parte de los procesados, que intentaron “escurrir el bulto” con diversas estrategias. Esgrimieron desconocimiento urbanístico y negaron haber hecho encargo alguno y asistir a las reuniones celebradas. El presidente de la Cooperativa Santo Domingo de Silos llegó a afirmar que se había falsificado el logotipo de la compañía, algo a lo que la magistrada no da crédito. La sentencia también considera que los arquitectos cumplieron en todo momento y que es correcto, para fijar los honorarios, seguir las tarifas del colegio profesional. Algunos encausados estimaron desorbitadas las cantidades solicitadas por los profesionales.

El proceso se ha dilatado durante años. La visión se aplazó varias veces y, en 2013, se paralizó el proceso tras una denuncia de José L. R., por la supuesta falsificación de su firma. Sin embargo, los grafólogos no dieron validez a esta acusación. El juicio se celebró, finalmente, en noviembre de 2017 —hubo una vista previa en septiembre—, aunque en enero de este año se tomó declaración a la hija de uno de los parcelistas.

El caso evidencia la incapacidad para materializar la urbanización El Ferial, en la época final del “boom inmobiliario”. Primero se encargó a Sánchez-Cañete un plan parcial, entregado en 2007 y no aprobado por el Ayuntamiento. En 2008, ya con Almazán, entregó un segundo plan, que tuvo aprobación inicial, pero no final, pues los parcelistas desistieron. Estos contrataron a otro arquitecto, Antonio Aguayo Pérez, quien empezó un tercer plan, tampoco desarrollado a causa de la crisis.