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viernes, 14 junio 2019
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URGENTE
  • PROTESTA. Participantes en una manifestación celebrada en la capital jiennense contra los desahucios judiciales.
    PROTESTA. Participantes en una manifestación celebrada en la capital jiennense contra los desahucios judiciales.

Un problema que parece no tener fin. Dicen los gurús económicos que lo peor de la crisis ya pasó, que los brotes verdes siguen creciendo y que la recuperación es un hecho. Sin embargo, hay determinados síntomas que evidencian que la recesión económica todavía tiene efectos muy perjudiciales en Jaén. Así lo evidencian los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que muestran que 543 familias jiennenses fueron desahuciadas de sus viviendas el año pasado. La provincia sufre ahora más desalojos por orden de un juez que en lo peor de la crisis. Son personas que tuvieron que pasar por el drama de hacer las maletas y salir de su hogar porque no pudieron hacer frente a la letra de la hipoteca o al recibo del alquiler. Las cifras se reflejan en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que publica todos los trimestres el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Uno de los aspectos que más llama la atención es el notable incremento de las ejecuciones hipotecarias. En 2018, se registraron 327 lanzamientos en la provincia. ¿Qué significa este tecnicismo? Cuando el habitante de una casa sobre la que pesa un préstamo no paga la mensualidad durante más tres meses, el banco puede demandar al vecino en un juzgado para romper el contrato, de forma que se reclama la devolución total del crédito más los intereses. Si el dueño de la casa no puede pagar, se subasta la vivienda. Es la ejecución hipotecaria. Una vez que se produce la ejecución hipotecaria llega el desalojo o lanzamiento. La cifra es un 22 por ciento más alta que la registrada en 2017, cuando se contabilizaron 268 procedimientos de este tipo.

Aquellas familias que compraron casa y se hipotecaron entre 2005 y 2008, en plena burbuja inmobiliaria, siguen siendo los más afectados por las ejecuciones hipotecarias. Muchas de ellas compraron con los precios de las viviendas en máximos históricos y con financiación por el 100% del inmueble, lo que provocó que, cuando estalló la crisis y se vieron en dificultades para pagar la hipoteca, la venta del inmueble no fuera suficiente para cubrir la deuda contraída con el banco.

Lo que se mantiene prácticamente igual es el número de desahucios derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, la de aquellos inquilinos que no pueden pagar el alquiler. En Jaén, se contabilizaron 200 procedimientos judiciales para desalojar a la persona que no paga el alquilar de la casa en la que habita o del local que ocupa a su dueño legítimo. En 2017, fueron 208. Año tras año, esa cifra apenas varía y tan solo refleja pequeñas fluctuaciones. El fuerte aumento de los alquileres en determinadas ciudades y comunidades autónomas ha provocado un repunte en los impagos del alquiler y, como consecuencia de ello, un aumento del 5,2% de los lanzamientos. Sin embargo, esa tendencia todavía no se aprecia en la provincia.

Para intentar echar un cable a estas familias, la Diputación y el Colegio de Abogados tienen en vigor un convenio de colaboración para el funcionamiento de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria (OPIH). Desde su puesta en marcha a finales de 2012 hasta diciembre de 2018, esta entidad ha atendido a 970 familias, cuya práctica totalidad permanece en sus viviendas, bien por haber obtenido acuerdos de refinanciación de hipoteca o daciones en pago, bien por ser beneficiarios de alquiler social o acuerdos de reestructuración de la deuda, o bien, por obtener la nulidad de sus cláusulas suelo.