Al banquillo por grabar a sus empleadas en los vestuarios

En marzo de 2014, la Guardia Civil detuvo al propietario de una clínica dental ubicada en Bailén. Presuntamente, había grabado a sus empleadas en los vestuarios con una cámara oculta. Cuatro años después, la Justicia ha concluido la investigación de un caso que, en su día, generó una notable alarma social. De hecho, cuatro de las trabajadoras, que ejercen como acusación particular, solicitan para el que era su jefe, A. L. C. C., una condena de cuatro años de cárcel por un delito contra la intimidad y el pago de una multa de 72.000 euros. Es el máximo castigo que recoge el Código Penal por esta infracción.

El escrito de acusación provisional relata el “modus operandi” que, presuntamente, utilizó el acusado para cometer los hechos. Aclara que colocó un teléfono móvil en el interior de una mochila a la que, previamente, había efectuado un agujero. Esa bolsa era colgada en la percha de la habitación que las empleadas utilizaban como aseos y para cambiarse de ropa. Según las denunciantes, A. L. C. C. grabó, al menos tres vídeos entre los meses de febrero y marzo de 2014.

Fue en esa época cuando una de las trabajadoras descubrió el dispositivo oculto en la mochila y presentó la correspondiente denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Se da la circunstancia de que, el mismo día en que se produjo el hallazgo, el acusado se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Bailén. Lo que hizo fue confesar los hechos. No obstante, también acudió para denunciar a su vez que él estaba siendo víctima de unas coacciones por parte de una de sus empleadas. Para las supuestas víctimas, se trata de una denuncia falsa y, por ello, también han presentado un segundo cargo contra A. L. C. C., por el que le reclaman el pago de una multa de 36.000 euros.

La investigación ha sido muy compleja desde el punto de vista técnico, tal y como apuntan fuentes judiciales cercanas al caso. ¿Por qué? En concreto, la acusación particular solicitó al Juzgado instructor que la Guardia Civil analizara el contenido de un ordenador personal hallado durante el registro de la vivienda. Finalmente, los agentes comunicaron al magistrado que no fue posible localizar más archivos. Las denunciantes aseguran que el procesado “destruyó varios dispositivos de almacenamiento”. En el mismo escrito, las víctimas explican que tampoco consta que los tres vídeos grabados fueran difundidos entre terceras personas.

Lo que está claro es que A. L. C. C. se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados de un juzgado de lo Penal como presunto autor de un delito contra la intimidad y otro de denuncia falta. Todavía falta por saber qué cargos presentará la Fiscalía y qué castigo solicitara para el dueño de esta clínica dental. Después, será su defensa la que tenga que argumentar sus alegaciones.

Hace unos años, se produjo un caso muy parecido. Ocurrió en un pub de Cazorla, en el que su dueño colocó una cámara oculta en los aseos y que, además, estaba conectada a un disco duro en el que se almacenaban los archivos. Un denunciante anónimo avisó a la Policía de lo que estaba ocurriendo a través de una carta. El hombre fue detenido en diciembre de 2009 y condenado a dos años de cárcel por el Juzgado de lo Penal número 1 en 2013. Tuvo que indemnizar con 1.000 euros a cada una de sus 35 víctimas, tal y como se recogió en la sentencia. En este caso, al acusado se le apreció una parafilia o trastorno psicosexual.