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sábado, 22 septiembre 2018
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URGENTE
  • TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Un agente de la Policía Nacional realiza gestiones frente a su ordenador en una imagen de archivo.
    TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Un agente de la Policía Nacional realiza gestiones frente a su ordenador en una imagen de archivo.

La Audiencia Provincial acogerá el juicio contra 33 personas acusadas de falsear contratos de trabajo para, de este modo, generar prestaciones y cobrar subsidios como el paro. Presuntamente, el “empresario” utilizó como tapadera una asociación de fomento de la cultura gitana, con sede en Andújar. Con este organismo dio de alta como administrativos a más de una treintena de “trabajadores”, que según el fiscal, jamás llegaron a desarrollar actividad laboral alguna. Con este ardid, defraudaron a las arcas públicas más de 133.000 euros. El fiscal pide condenas que oscilan entre los tres años y seis meses de prisión para el considerado cabecilla de la trama hasta los dos años de cárcel para el resto de procesados. En principio, las defensas niegan los cargos y solicitan la libre absolución

El Ministerio Público relata que Juan Manuel M. Pl., el falso empresario, creó la Asociación Secretariado General Gitano de Andújar el 9 de marzo del año 2007. Este colectivo, que tenía su sede en la calle Moguer de la ciudad iliturgitana, contaba con un código de cuenta de cotización en la Seguridad Social. A partir del año 2009, comenzó a realizar contrataciones que, según el fiscal, solo existían sobre el papel. Eran falsas. Durante tres años, Juan Manuel M. Pl. fue dando de alta a numerosas personas como empleados administrativos “sin tareas de atención al público”. El Ministerio Público sostiene que los empleados sabían que no iban a realizar actividad laboral alguna para la citada asociación: “Esta contratación se llevó a cabo mediante contratos simulados con el fin de lograr que los empleados reuniesen las condiciones precisas exigidas por el vigente sistema de Seguridad Social para percibir prestaciones por desempleo de carácter asistencial”, explica la Fiscalía, quien añade que toda la documentación para solicitar los subsidios fue creada expresamente.

El escrito de acusación provisional enumera y describe todos y cada uno de los 32 contratos falsos suscritos por Juan Manuel M. Pl. y el resto de procesados. Aclara, del mismo modo, qué cantidad percibió cada uno de los trabajadores de forma indebida y que oscilan entre los 1.330 y los 8.950 euros. En total, el supuesto fraude a las arcas públicas superó los 133.000 euros.

Los 33 procesados están acusados de cometer un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con otro delito de estafa. El fiscal establece que el “empresario” es el que tiene más responsabilidad en este proceso. Pide para él una condena de tres años y medio de cárcel, más el pago de una multa de casi 3.000 euros. Para los falsos trabajadores, la petición de castigo es de dos años de prisión. Entre todos, deben hacer frente de forma conjunta y solidaria al pago de la responsabilidad civil, es decir, los más de 133.000 euros.

El caso fue detectado por los inspectores de Empleo y Seguridad Social, que abrieron una investigación debido al aumento de la contratación por parte de la Asociación Secretariado General Gitano de Andújar. A partir de ahí, técnicos de Trabajo hicieron un seguimiento y comprobaron que buena parte de los contratados no desempeñaban actividad laboral alguna. El supuesto fraude fue comunicado al Juzgado de Instrucción número 1 de Andújar a mediados del año 2014. Casi cuatro años después, el procedimiento está listo para juicio. Se celebrará en las próximas semanas en la Audiencia Provincial. Las defensas niegan los cargos y piden la libre absolución.

Otra causa que está pendiente de juicio por el fraude de las peonadas

Penas de hasta tres años de cárcel. A esos castigos se enfrentan trece personas —casi todas vecinas de Valdepeñas— acusadas por el conocido como “fraude de las peonadas”. En román paladino, simulaban jornales de trabajo para poder acceder al subsidio del campo. Las acusaciones sostienen que defraudaron más de 105.800 euros a las arcas de la Seguridad Social. La Abogacía del Estado sostiene que los encausados crearon “una trama defraudatoria”, basada en la “creación de relaciones laborales que eran inexistentes”. Así, tres de los procesados, que tenían empresas dedicadas al sector agrario, dieron de alta a los otros diez acusados en distintos periodos comprendidos entre los años 2011 y 2015: “El objetivo no era otro que acreditar la realización de las 35 jornadas que se requieren para obtener el subsidio de la renta agraria”, aclara la Fiscalía. Un simple cruce de datos hizo saltar las alarmas: los agentes descubrieron que había jornaleros que estaban dados de alta en días en los que sus patrones no llevaron ni un kilo de aceituna a la almazara. Así que tiraron de ese hilo y llamaron a declarar tanto a los empresarios como a los trabajadores. Algunos reconocieron ante los investigadores que no habían dado ni un solo jornal.

el boca a boca multiplicó los casos

pesquisas. Lo que más llamó la atención de los investigadores de este caso es por qué una asociación de carácter social necesitaba contratar a más de una treintena de administrativos. Fueron muchos los que, atraídos por el boca a boca, acudieron a esa asociación para ser dados de alta y, de este modo, conseguir el acceso a los subsidios de desempleo. No ha trascendido si el patrón cobró a cambio de los falsos contratos.