Una dimisión con retraso
El anuncio de dimisión de todos sus cargos públicos de Esperanza Aguirre llega tarde. La presidenta y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid declaró, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación, sentirse “traicionada” y “engañada”, tras el ingreso en prisión provisional sin fianza del que fuera su mano derecha, Ignacio González. Justificó su marcha en el hecho de no haber vigilado más al expresidente de la Comunidad de Madrid.
Desde que se destapó la operación “Lezo”, la pasada semana, todas las miradas apuntaban a la veterana política del Partido Popular. Sorprendió que, a pesar de las informaciones que fueron trascendiendo, Aguirre declarase que no pensaba dimitir, obviando así las decenas de argumentos que podrían aportarse para abandonar cualquier responsabilidad pública, ya que ella era la máxima dirigente del PP y de la Administración autonómica madrileña cuando ocurrieron los hechos que ahora se investigan por la presunta trama de desvío de fondos públicos del Canal de Isabel II. Más aún, Aguirre con anterioridad dio la cara por Ignacio González y avaló su total “honestidad”; unas declaraciones que ahora, cuando menos, deben provocarle sonrojo.
No es comprensible que Aguirre prentendiese aferrarse al sillón, cuando su trayectoria dedicada a lo público comenzó en el año 1983 y ha ocupado, entre otros, cargos como presidenta del Senado, Ministra de Educación y Cultura y presidenta de la Comunidad de Madrid. No es su primera dimisión en el ámbito de la política, pero todo apunta a que los borrones dejados en el final de su expediente con Granados y González harán de esta una salida, aunque tardía, definitiva.