Polémica decisión judicial

El juez Pablo Llarena dicta un auto en el que rechaza la entrega a España del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en las condiciones acordadas por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein es decir, para ser juzgado solo por un delito de malversación de caudales públicos, pero no por rebelión o sedición. La falta de compromiso de la justicia alemana supone una amenaza para el orden constitucional español y un enjuiciamiento que para nada está sujeto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La retirada de la euroorden de detención no solo afecta al expresident, sino también al resto de políticos catalanes en el extranjero: Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig en Bruselas, Clara Ponsatí en Escocia y Marta Rovira en Suiza. La decisión del magistrado demuestra debilidades jurídicas y políticas en este enrevesado asunto. Por un lado, la imagen internacional de la justicia española genera dudas, en tanto en cuanto el juez deja de perseguir a Carles Puigdemont por malversación, pero mantiene en la prisión al resto de políticos independentistas. Por otro, la retirada de las órdenes europeas posibilita a quienes están huidos en el extranjero que puedan moverse con libertad por Europa. Todo hace indicar que el expresidente regresará a Bruselas para aprovechar el altavoz comunitario y, de esta forma, liderar la internacionalización de un conflicto que parece el cuento de nunca acabar. Su éxito judicial será interpretado como una victoria política, aunque en Cataluña los problemas se acrecienten y las relaciones con el Gobierno, mucho más. Es importante, en un momento como el actual que exista cooperación judicial entre los países de la Unión Europea para dignificar el sistema.