Montoro y la amnistía fiscal

La decisión del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal viene a confirmar lo que los grupos de la oposición reprocharon al ministro Cristóbal Montoro: que no se ajustaba a la Ley. El Constitucional se muestra tajante y pone de manifiesto los efectos que tuvo la medida impugnada. De esta manera, posilitó la regularización de las rentas previamente ocultadas a un tipo reducido, eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de la imposición de los intereses de demora, de recargos por ingresos, extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria y, por último, convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación en renta declarada a todos los efectos. Concluyó que la norma había afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, enunciado en el artículo 31.1 de la Constitución Española, al haber alterado el reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes. Ante todo este revés por parte del Tribunal Constitucional impulsada por el ministro Cristóbal Montoro sorprende que la reacción del jiennense sea la propuesta que realizó el pasado miércoles en el Congreso por la que instaba a cambiar la Ley General Tributaria para prohibir nuevas regularizaciones. Llama la atención que en ningún caso asumiera la responsabilidad de una medida inconstitucional, ni que se prevean consecuencias políticas ante una amnistía que parecía estar hecha a medida para grandes fortunas y no para la mayoría de los ciudadanos.