Medidas contra la insolvencia

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), un órgano creado por el Gobierno de España, sitúa al Ayuntamiento de Jaén entre las 5 entidades locales del país con más riesgo de insolvencia financiera. En concreto, el organismo lo sitúa entre los “muy altos” en aquellas entidades locales con una población de entre 100.000 y 500.000 habitantes. Los ayuntamientos que comparten estos riesgos tienen en común unos remanentes de tesorería negativos y superiores en más de un 20% de sus ingresos corrientes; presentan también una ratio de deuda con las entidades financieras superior al 75% respecto a sus ingresos corrientes, lo que supone que, en el mejor de los casos, se necesitarían más de 20 años para bajar de ese porcentaje en el caso de que se pudiera destinar parte de los ingresos a la amortización de la deuda. Además, entre las “mecánicas” de trabajo de estos ayuntamientos en situación comprometida, está el de pagar a sus proveedores en más de 60 días sobre el plazo legal, y su déficit supera el 20% de los ingresos no financieros. En este sentido, y tras llevar más de cuatro años incumpliendo el objetivo de estabilidad y la regla de gasto, es fundamental no ya una reestructuración de deudas que es lo que, realmente, hace el equipo de Gobierno, sino medidas más drásticas de contención de gasto, sin tocar servicios sociales esenciales. Al margen de cómo se ha llegado a este punto de asfixia en el que ni Junta ni Gobierno tienen mecanismos eficaces para frenar la sangría, es fundamental planificar los ingresos y gastos de ayuntamientos como los de Jaén que no solo tienen hipotecados a los ciudadanos de Jaén (3.793 euros por habitante), sino a las generaciones venideras.