Ante una jornada decisiva

Esta mañana concluye el plazo marcado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para retornar a la legalidad y acabar con la hoja de ruta soberanista. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que están preparadas todas las alternativas y todos los instrumentos que la Constitución atribuye a un Gobierno democrático para que se cumplan las leyes, la Constitución y las sentencias de los tribunales en Cataluña. Después de las persistentes llamadas dirigidas al Gobierno catalán, en el caso de que los independentistas mantengan sus posiciones, como así parece, se utilizarán todos los medios que el Estado de Derecho pone a su alcance. Según se insiste, “con prudencia y proporcionalidad”.

Las persistentes llamadas al diálogo por muchos sectores de la sociedad tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre quedarán finalmente sin efecto, al menos públicamente, por el enrocamiento en posiciones diametralmente opuestas. Bien es cierto que una de ellas, la de los secesionistas, ha rebasado con creces todos los límites, al incumplir de una manera sistemática la legalidad vigente. Carece de toda lógica que hubiera sido posible el diálogo con el precedente marcado por el Gobierno catalán, que ni tan siquiera ha cumplido las leyes de su propio Parlamento, y que en ningún caso ha mostrado voluntad de ello. La jornada de hoy es decisiva. Resta por ver cómo se aplicará el artículo 155 de la Constitución. Es desable la unidad de los democrátas ante una de las situaciones más graves vividas en el país en las últimas décadas y cuyas consecuencias a buen seguro comenzarán a percibirse a lo largo del día de hoy.