Cien días,
87 millones

El Ministro del Interior ha dado cuenta al Senado de los gastos de la “Operación Copérnico” por el mantenimiento de seis mil —hasta el 1 de octubre— y cuatro mil agentes en Cataluña para frenar el proceso soberanista. La abultada cifra no significa nada; sin tener en cuenta los vergonzosos episodios de desahucios hoteleros y los precarios alojamientos en barcos mal atendidos; sería poco si hubiera servido para mantener adecuadamente a la fuerza, garantizar la unidad de España y evitar los espectáculos deplorables contemplados; es excesiva si la fuerza desplazada no ha sido considerada como se debe o si no han podido prestar, como saben, los servicios necesarios. El fiasco en Cataluña no es de los efectivos, viene de más arriba. No puede el Gobierno asegurar que no habrá referéndum y que aparezcan las urnas y se celebre; ni dejarse engañar por los Mossos; ni desplazar efectivos para no utilizarlos; ni dejar de prever los movimientos arteros de los de enfrente. El oprobioso asedio a la Guardia Civil y Comisión Judicial en un edificio público y el destrozo de sus vehículos no debió tolerarse; los guardias cumplieron con honor, los que mandan no pueden ni deben hacer el ridículo con todos los medios a su alcance; deberían hacérselo mirar.