Sentencias salomónicas

Los políticos y gobernantes de cualquier país tienen la obligación de hacer leyes justas para que las diferencias entre los ciudadanos puedan resolverse por medios pacíficos que no alteren la convivencia y procuren justicia imparcial; para ello surgieron los jueces cuya misión no es otra que la de interpretar las leyes buscando aquella. Sin embargo, bien sea por motivos interesados o porqué no se pueden prever todas las situaciones en las que nos llegamos a encontrar, en muchas de ellas, no es posible aplicar la Ley. Es el caso, según las Sagradas Escrituras, de las dos mujeres que reclamaban ser las legítimas madres de un niño; la resolución del rey Salomón fue la de amenazar con dividir al niño en dos trozos ante la carencia de que, alguna de las madres, aportara pruebas que fueran decisivas para saber a ciencia cierta quién era la madre. Esto hizo que la verdadera hubiera de elegir entre la muerte del chico o dárselo a la otra mujer. Salomón con la amenaza resolvió astutamente la cuestión adjudicando al niño a su verdadera madre, temerosa de la muerte de su hijo. Con la misma inteligencia y sentido común resolvió, según Cervantes, el dilema que se planteó a Sancho Panza, cuando fue el gobernador de la Ínsula Barataria: el de la mujer que se había apoderado de la bolsa de un hombre afirmando que aquel le había violado y que pretendía, sin conseguirlo, hacerse con el dinero arrebatado en poder de la mujer.

Sancho Panza dio permiso a la mujer para que se marchara con la bolsa del dinero en su poder y, a continuación, mandó al hombre tras de ella ordenándole que intentara arrebatarle el dinero. Como éste no lo consiguiera Sancho Panza emitió su sentencia, llena astucia y de sentido común, al hacerle devolver el dinero a la mujer asegurándole que si hubiese defendido su virtud como había defendido la bolsa el varón no habría podido violarla.

Hoy algunos jueces están siendo cuestionados por sentencias carentes, según muchos políticos y medios de comunicación, de lógica y de sentido común o bien de mala práctica de unas leyes desfasadas que se aplican de diferente manera según quién sea el imputado. En nuestros días se ha llegado casi al desprestigio de las principales instituciones como la Monarquía, la Iglesia, los Partidos Políticos, etcétera, y cuando los ciudadanos ciframos nuestras esperanzas en una Justicia, independiente y autónoma de los poderes legislativo y ejecutivo, determinadas actuaciones y sentencias judiciales ponen en duda no ya a la justicia sino que, además, ponen en riesgo la Democracia. La corrupción no debería afectar al ámbito jurídico.