Salvar España
Asistimos a un ciclo político iniciado hace ya más de una década donde algunos partidos no terminan de aceptar las reglas de nuestra democracia, sus límites y el contexto político. Cuando nos movíamos en un sistema bipartidista casi simétrico, nadie cuestionó el sistema que emana de la Constitución y que, como en el resto de Europa, elige sus mayorías de gobierno y sus presidentes en sede parlamentaria. Algunos recordarán la célebre serie “Borgen”, que tenía como protagonista a la primera ministra de Dinamarca y nos narraba bien las interioridades y pactos de la política danesa. En España el bipartidismo dejó de existir hace ya más de una década y asistimos a un sistema multipartidista que funciona en todos los niveles de gobierno, que obliga a negociar y establecer pactos de gobierno entre diferentes partidos. Así ha pasado en casi todas las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en las dos últimas décadas.
Los partidos de la derecha siguen esgrimiendo argumentos poco razonables y, a veces, antidemocráticos para cuestionar la legitimidad del nuevo gobierno de España, nacido de la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y ratificado con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El argumento del programa electoral y tantos otros escuchados estos días no son sino “pataletas de mal perdedor” que diríamos de alguien que se enfada y protesta tras perder una partida de parchís. Las reglas se aplican a todo el mundo, y no hay programa electoral, sino programa de gobierno, o acuerdo de legislatura, cuando éste se pacta entre diferentes partidos. Así lo hizo Aznar en 1996 cuando pactó con CIU ceder la gestión de los puertos del Estado a las autonomías y eliminar los gobiernos civiles, para sustituirlos por subdelegaciones de Gobierno con menores competencias y funciones.
Suele ser recurrente en las últimas décadas que cuando ganan las elecciones o forman gobiernos los partidos de la derecha, no se cuestiona la legitimidad del pacto, pero cuando ganan en las urnas o forman gobierno los partidos de izquierda, el Gobierno se califica de ilegitimo y se fomenta la crispación hasta la saciedad. Las reglas de nuestra democracia y el marco de la Constitución es el mismo para todos y así debe interpretarse. Todo esto resulta especialmente grave cuando el tono de los insultos y el clima de enfrentamiento de las últimas semanas es ya altamente tóxico y puede desembocar en violencia.
Hablar de golpe de Estado cuando todo el mundo sabe lo que eso significa es muy grave. Nadie en España ha provocado ahora una rebelión militar contra el orden del Estado legítimamente constituido, y los que usan estas declaraciones lo saben. Convendría parar este clima de tensión, porque las consecuencias de este camino merman la calidad de nuestra democracia. La política debe seguir su ciclo en sede parlamentaria, porque es ahí donde deben dirimirse las diferencias y alcanzar los acuerdos necesarios para seguir avanzando en una democracia sólida, que tiene en Europa y los organismos multilaterales sus principales anclajes. Salvar a España no puede pasar por intentar aniquilar al adversario, ni acabar con el respeto a las normas y las formas del Estado de Derecho. Es innegable que el intento de desestabilización provocado por la derecha de este país va a tener consecuencias y de estos vientos recogeremos tempestades.