¡Que se
callen!

Los problemas de viabilidad invernal, a pesar del cambio climático, no son imprevisibles ni excepcionales; se dan a menudo y su prevención y remedio compete a los poderes públicos. Si, además, los problemas ocurren en autopistas de peaje, que cobran a los usuarios por facilitar mejores desplazamientos que los públicos, están obligadas a garantizar el servicio que ofertan y que cobran con arreglo a contrato. En román paladino, el Estado tiene la obligación de facilitar el tránsito y prevenir contingencias en todas las vías públicas, pero en las de peaje dicha obligación es secundaria respecto de la concesionaria porque cobra el servicio y es su deber principal poner los medios para prestarlo en cualquier circunstancia, incluso en situaciones excepcionales, salvo renuncia o cierre. No resulta de recibo que el Director General de Tráfico culpe de imprevisión y desvíe la responsabilidad a los usuarios en la operación regreso por el caos en una autopista de peaje pues, además de resolver el problema, es su deber exigir a la concesionaria que ha cobrado el peaje y debe prestar el servicio contratado. ¿El usuario es culpable y la concesionaria no? Por favor, si no es capaz de resolver el problema que, por lo menos, no crispe al personal.