¿Qué espera Jaén de la Junta?
La Junta de Andalucía para la provincia de Jaén sigue siendo el cimiento básico sobre el que se articulan y expresan políticamente las esperanzas y demandas de una mayoría social de progreso abierta a trabajadores y trabajadoras manuales e intelectuales, profesionales y emprendedores de todas clases.
Los pilares básicos que orientan nuestra provincia siguen vigentes: más y mejor democracia; economía social de mercado; bienestar social con fiscalidad justa para mantenerlo; crecimiento sostenible e inclusivo; dignidad del trabajo; cultura con expresión de la libre individualidad; igualdad de oportunidades para todos sin menoscabo del reconocimiento pleno del esfuerzo, mérito y capacidad de cada uno.
En pleno siglo XXI, tenemos que afrontar unos cambios tan intensos y veloces en el mundo que parecen anunciar una nueva era civilizatoria. Ante una economía cada vez más interdependiente y mundializada con otras formas de producción, intercambio, información y trabajo, necesitamos encontrar respuestas viables y justas. Gobernar la globalización y embridar al capitalismo financiero son, pues, nuevos ejes que incorporar al acervo clásico de peticiones de la provincia de Jaén.
El actual Estatuto de Andalucía nos debe llevar a un proceso que debía articularse mediante un pacto social entre quienes, hasta ese momento y tras décadas de opresión y abandono, habían visto pasar el tren del progreso. Nos presentábamos como una provincia que se proponía hacer en positivo y sabía lo que tenía que hacer. El proyecto de nuestra provincia de Jaén se construía a favor de la consecución de una nueva realidad social más igual, libre y justa.
Se hacía imprescindible atender a la reivindicación provincial con gran sentido ideológico porque la Junta de Andalucía era sin duda el gran instrumento para alcanzar la igualdad social y esta era imposible sin la igualdad de los territorios andaluces. En el momento fundacional de la Junta de Andalucía, la igualdad sería la gran bandera de la provincia de Jaén.
La reciente crisis económica ha provocado una crisis de confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, en la política y sus representantes, asistimos a una revolución tecnológica que está cambiando profundamente no solo el modelo productivo sino la sociedad misma. Como todas las revoluciones que se han producido a lo largo de la historia, esta revolución tecnológica nos trae a la vez esperanza y desasosiego. Es obligación de los poderes públicos velar para que los avances tecnológicos no supongan nuevas discriminaciones sociales. La Junta de Andalucía debe trabajar para que estas nuevas tecnologías representen realmente una mejora en la calidad de vida de las personas y no una nueva forma de exclusión social. Esta tarea a medio y largo plazo la debemos compatibilizar con el objetivo inmediato de lograr que la recuperación económica tras la crisis revierta sobre las clases medias trabajadoras, que son las que han soportado los recortes y carestías impuestas por las políticas neoliberales.