Pendientes de la diosa

26 sep 2016 / 17:30 H.

Dos pertenecen al Partido Socialista y uno al Partido Popular. Son representantes políticos e institucionales y los tres están, en este momento, investigados por la Justicia. Aferrados a la presunción de inocencia, el código ético de las siglas bajo las que trabajan les permite mantener el “tipo” en los cargos orgánicos y de gestión que ostentan. Todo hace indicar que seguirán en esto de lo público mientras que no se produzca la apertura de un juicio oral. Palabras mayores que dependerán de los resultados de una investigación que no ha hecho más que empezar.

Miguel Contreras. Vicesecretario de Organización del Partido Popular de Jaén, concejal de Personal, Régimen Interior y Comunicación en el Ayuntamiento de la capital, segundo teniente de alcalde y diputado. Hoy está previsto que declare ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, Carmen Ballesteros. Llegará, en calidad de investigado —la misma figura del antiguo imputado—, después de la denuncia presentada por Izquierda Unida ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en una operación de permuta. Fue en 2013 cuando un promotor privado consiguió cambiar la sede de la Asociación de Vecinos Pilar del Arrabalejo por unos terrenos ubicados en la zona norte de la capital calificados como suelo urbano consolidado. Según consta en la denuncia, el Ayuntamiento segregó y desafectó la porción interesada, con el fin de transformarla en bien patrimonial y proceder a su enajenación, pero eludió hacerlo en subasta pública para permitir la entrada de otros posibles interesados. Miguel Contreras, investigado por un delito de fraude a la administración pública en su etapa de edil de Hacienda, tendrá que pasar el mal trago de declarar y, sobre todo, esperar resolución.

Manuel Fernández Palomino. Secretario general del PSOE de Jaén, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento y vicepresidente de la Diputación Provincial. El 19 de octubre tiene una cita pendiente en el Juzgado de Instrucción número 3. ¿Por qué? Por culpa de un informe encargado a la empresa Eco-Tech Segura en el que se revelaba la existencia de legionela en algunas fuentes públicas de la ciudad. El equipo de Gobierno denunció que el documento era falso y, después de que la Audiencia ordenara la revocación de un auto de sobreseimiento anterior, tanto él como el administrador de la consultora tendrán que acudir delante del juez Miguel Sánchez-Gasca, justo un día después de San Lucas. De sus declaraciones se depurarán responsabilidades penales por un supuesto delito de falsedad documental. El Partido Popular esgrimió que el laboratorio que realizó el informe para Eco-Tech era copia de uno elaborado para el Ayuntamiento de Albanchez de Mágina, donde trabajaba en aquel momento el responsable de la firma. Habrá que aguardar a la resolución judicial para comprobar quién le puso el cascabel al gato.

Antonio de la Torre. Delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén y secretario de Comunicación y Acción Electoral de la Ejecutiva Provincial del PSOE. Investigado en la operación “Paraíso”, fue detenido y, después de pasar una noche en los calabozos, declaró ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4. La Fiscalía ve indicios de irregularidad y fraude en las adjudicaciones de contratos y trabajos vinculados a la promoción turística de la Diputación. Está en libertad con cargos, a la espera de que finalice la instrucción de un caso en el que hay varios empresarios presuntamente implicados por, al parecer, repartirse el “cotarro”. La investigación está abierta por corrupción, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad documental por una campaña de 60.000 euros. La jueza tendrá que dilucidar si se vulneró la Ley de Contratos del Sector Público que obliga a las instituciones a pedir ofertas de varias empresas.

Los tres están pendientes de la espada de la diosa Justicia y, aunque unos se juegan más que otros en el caso de que haya juicios y condenas, todos se mantienen firmes en sus posiciones. Sorprendente la ausencia de dimisiones políticamente correctas.