Gobierno en funciones
Tras las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio, el gobierno de España se encuentra en funciones y, consecuentemente, tiene limitadas sus capacidades para adoptar decisiones en todos los ámbitos competenciales que corresponden al poder ejecutivo, salvo las de mero trámite o aquellas que por su urgencia y/o gravedad así lo requieran. En concreto, no puede tramitar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, ni aprobar proyectos de ley para su posterior tramitación parlamentaria. En suma, y por lo que aquí nos interesa, el actual gobierno no puede ejercer plenamente sus funciones de policy-maker de la política económica que el país necesita para impulsar el crecimiento económico, luchar contra la inflación, potenciar la creación de empleo, facilitar la redistribución de la renta, crear nuevas infraestructuras, fortalecer el “estado del bienestar”, enfrentarse al desequilibrio de las cuentas públicas -déficit y deuda- o dinamizar el comercio exterior, entre otras muchas tareas del gobierno central. No obstante, en la actual organización del Estado español, muchas de estas funciones están transferidas a las comunidades autónomas —educación, sanidad, dependencia, infraestructuras de ámbito local o regional, etcétera— y otras a la Unión Europea, como la política monetaria que fija los tipos de interés del euro, por ejemplo. Asimismo, hay cuestiones que dependen directamente de los mercados, tales como el tipo de cambio de nuestra divisa o el valor de las acciones de las compañías que cotizan en las bolsas de valores.
Constitucionalmente no hay límite temporal para la permanencia en funciones del gobierno de España. De hecho, en el reciente pasado Pedro Sánchez estuvo presidiendo un gobierno con tal limitación durante 254 días en 2019 —con repetición electoral en ese mismo año—, aunque el récord de la actual etapa democrática lo ostenta Mariano Rajoy, que permaneció en funciones entre diciembre de 2015 y octubre de 2016, sumando un total de 314 días, también con repetición electoral de por medio. Con todo, el récord absoluto lo tiene Bélgica, que vio transcurrir 650 días entre la caída de Charles Michel —actual presidente del Consejo Europeo— en diciembre de 2018 y la toma de posesión de Alexander de Croo en octubre de 2020. No son nada edificantes estos precedentes, aunque tampoco algo a lo que debamos temer especialmente; de hecho, la economía española creció en 2016 —durante la interinidad de Rajoy— a una tasa interanual del 3,2 por 100, idéntica a la del año anterior e, incluso, tres décimas más que durante 2017. Durante el periodo que estuvo en funciones el Gobierno de Pedro Sánchez en 2019, el PIB creció un 2,0 por 100, tan solo tres décimas menos que en 2018. Esto viene a demostrar que cuando en un país maduro, con la maquinaria económica engrasada adecuadamente, los gobiernos no están capacitados legalmente para adoptar las medidas de política económica que se necesitan, los propios mercados, los agentes económicos y sociales, las instituciones supranacionales —Unión Europea—, las administraciones autonómicas y locales, así como la tupida red institucional de la que España dispone, aseguran el funcionamiento adecuado de la economía durante estas etapas de provisionalidad gubernamental.
En estos momentos es difícil prever el tiempo que transcurrirá hasta la toma de posesión de un presidente del Gobierno con plenas funciones, dadas las grandes dificultades que tendrá el líder del PP para salir elegido y los obstáculos que, en su caso, tendrá el del PSOE para conformar una mayoría parlamentaria que permita su investidura, no siendo descartable al día de hoy que se hubiera de recurrir a una repetición electoral (ya se especula con el 14 de enero de 2014). No obstante, la deuda pública acumulada, que asciende a 1,57 billones de euros, el elevado déficit público, la insuficiencia financiera del sistema público de pensiones o las desigualdades sociales persistentes en España, requieren que lo más pronto posible tengamos un gobierno con plena capacidad para adoptar las medidas de política económica que el país necesita.