Enseñar a pensar
Un amigo y compañero con familia en Cataluña, ante el gozoso embarazo de una de sus hijas, me comenta la urgente necesidad de abandonar ese territorio si no cambia la concepción del sistema educativo respecto a la enseñanza en castellano. ¿Es de recibo, insiste, que los niños y niñas no puedan recibir educación en su lengua materna? ¿Tiene sentido que la carga lectiva de español no supere las seis horas semanales en Infantil y que en los dos primeros cursos de Primaria sólo se impartan en la lengua oficial del Estado Lengua Castellana y Religión o Valores? Sin olvidar la presión al profesorado y a los alumnos para que no hablen en castellano ni siquiera en los recreos. A ello, continúa, hay que añadir los vergonzosos episodios como la reciente negativa de la portavoz del Gobierno catalán a responder preguntas formuladas en castellano. Esta situación viene arrastrándose desde años atrás. Tanto es así, que el Defensor del Pueblo ha cargado hace poco contra los gobiernos del PP y PSOE por permitir el adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña —objetivo importante a conseguir con la imposición del catalán— y ha instado al “Govern” a mantener en colegios, institutos y universidades públicas una “neutralidad ideológica” incompatible con el desprecio al idioma oficial del Estado y a la colocación de simbología ideológica excluyente. Pero, sorpresa, resulta que, debido a la incomprensible cesión realizada por los gobiernos del Estado, la única competente en este tema educativo es Cataluña. La Alta Inspección del Estado tiene las manos atadas en todo lo referente al sistema educativo catalán. Y tal impotencia se extiende también, me comenta, a la marabunta de libros manipulados en los que la historia de España se ve perversamente denigrada. Cuando los alumnos y alumnas alcanzan un cierto nivel, la manipulación aumenta y se infiltra en su vida diaria. Se dejan las clases para asistir a manifestaciones de clara tendencia independentista, se visitan Comisarías de Policía frente a las que los chavales entonan cánticos contrarios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se les incita a manifestarse contra la detención de políticos o se decora con simbología partidista tanto aulas como centros educativos. Pocas esperanzas tiene mi amigo en que las quejas del Defensor del Pueblo consigan enderezar la situación del español en Cataluña. De hecho, afirma, hará todo lo posible para que su futuro nieto disponga del rico bagaje de nuestro idioma común. Algo que se les niega a las nuevas generaciones. En las escuelas catalanas “no se enseña a pensar, sino qué pensar”, afirmó el Defensor del Pueblo. Un sentencia que debería hacernos pensar. Y actuar.