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lunes, 12 noviembre 2018
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URGENTE
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Ramón Porras

DEPREDADORES

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Todo parte de una Ley de 1946, en pleno fervor de la dictadura, en la que se sustentó la reforma del ínclito José María Aznar, para habilitar a cierta jerarquía eclesiástica a que pudiera ampliar su patrimonio a costa de titularidades públicas y, en alguna ocasión, privadas, mediante la añagaza de valerse de los silencios del registro de la propiedad, es decir, la falta de inscripción de templos, monumentos y señoríos de clara titularidad administrativa. Se realizaba así una como amortización de la desamortización de Mendizábal. A tenor de los informes que en días precedentes se han publicado, existe la presunción de una actitud económicamente depredadora de obispos y eclesiásticos que hicieron su agosto, en beneficio del patrimonio eclesiástico “por el imperio hacia Dios”. Cualquier vecino de este país para que conste su finca en el Registro de la Propiedad ha de presentar en el mismo, el título notarial que le acredite como propietario o una resolución judicial que reconozca tal titularidad. Para la Iglesia solo era necesario cumplir con un simple protocolo mediante el que se manifestaba la declaración unilateral de propiedad de este o aquel templo, en la mayoría de los supuestos sin título alguno. En general la dictadura fue un espacio militarmente teocéntrico, y la Administración “lo supiera o no” se guardaba de incomodar a la jerarquía eclesiástica, no fuera que desapareciera el palio bajo el que se reguardaba el dictador.

En aras de la verdad, no solo fue la jerarquía eclesiástica la que se benefició de estas disfunciones sobre la titularidad dominical. Hubo depredadores civiles que aprovecharon la inercia, desinterés o desinformación autoprovocada de las Administraciones. Por aludir a un solo ejemplo del que pude ser testigo directo: en la Diputación Provincial de Jaén no existía libro de Inventario de Bienes hasta que advino la democracia, léase primer presidente socialista de esta entidad, el cual ordenó con toda urgencia que se confeccionara este inventario. Imagino que Jaén no era la excepción, un mirlo blanco y que en otros Ayuntamientos y Diputaciones se estaría en tal situación anómala, proclive a que cualquier particular, valiéndose de un expediente de dominio o de reanudación del tracto sucesivo, sin que compareciera la Administración Local o Provincial ya que no existía libro de inventario de bienes, pudiese acceder a una propiedad, a todas luces fraudulenta.

Tal reflexión viene a cuento del debate sobre la inscripción fraudulenta de la Mezquita de Córdoba que es absolutamente inconstitucional. Esperemos que, en este caso los depredadores no salgan con la suya.