Ocho implicados en un posible delito en la cantera Fuente de la Peña
La Fiscalía ha determinado que en la explotación de la cantera de la Fuente de la Peña, en Jaén capital, hay indicios de un delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales, además de otro delito continuado contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
En las diligencias instruidas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se apunta como posibles responsables a ocho personas, entre ellas los titulares de la explotación, los responsables de las empresas arrendatarias de la misma, y un asesor técnico de Minas de la Delegación Provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa.
El decreto de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press establece la remisión de las diligencias y su remisión al Juzgado Decano para que, previo su reparto al Juzgado de Instrucción de Jaén que por turno corresponda, se incoen diligencias previas de procedimiento abreviado en averiguación de los hechos y de las personas responsables.
Además se solicita desde Fiscalía que el juez de Instrucción que se haga cargo del caso acuerde como medida cautelar para la protección de los recursos naturales, el medio ambiente, la ordenación urbanística y territorial que se están viendo afectados por la actividad extractiva, “la suspensión y paralización de los actos de explotación y de extracción de recursos mineros en la concesión minera La Quebrada en el monte público Solana de la Fuente de la Peña”.
También se pide desde el Ministerio Público que se tome declaración sobre los hechos en calidad de investigados a las ocho personas que aparecen identificadas en denuncia.
Por último, y atendiendo a la naturaleza de los delitos investigados, el número de personas indiciariamente responsables y la necesidad de la práctica de diligencias de instrucción, Fiscalía pide que se declare la complejidad de la instrucción de la causa estableciéndose un plazo de instrucción de 18 meses ya que es previsible que no pueda concluirse en el plazo de seis meses.
En el relato de los hechos, la Fiscalía recoge que “no se ha cumplido con la obligación de restaurar” ni por los titulares de la concesión y explotadores ni por el director técnico facultativo de la explotación, como responsable del cumplimiento del plan de restauración.
En este sentido se sostiene que desde 2008 y hasta la actualidad no se han adoptado “medidas de restauración y correctoras de protección del entorno natural y del paisaje del monte público a que venían obligados en virtud del Plan de Restauración aprobado en el año 2008”.
Las presentes diligencias de investigación Penal fueron incoadas en 2017 en virtud de denuncia efectuada ante la Fiscalía Provincial de Jaén por la Asociación Ecologistas en Acción, y a la que se uniría otra denuncia formulada por la Asociación Iniciativas, Andamios para las Ideas.
Con estas dos denuncias se ponía de manifiesto ante la Fiscalía que podrían estar llevándose a cabo trabajos de extracción en la cantera careciendo de las licencias y autorizaciones preceptivas, con incumplimiento de la normativa urbanística, territorial y medioambiental. Además, se denunciaba la posible afección al conjunto rupestre ‘Abrigos Fuente de la Peña’ perteneciente al Patrimonio Inmueble de Andalucía y declarado Bien de Interés Cultural.
El cierre de la cantera, situada a menos de dos kilómetros del núcleo urbano, conllevó manifestaciones, recogida de firmas y múltiples protestas hasta que la Junta de Andalucía en junio del pasado año declarró la caducidad de la concesión de la cantera y por tanto, la paralización inmediata de la actividad. Tras el recurso de la empresa, el caso se encuentra en manos de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y actualmente sigue sin haber actividad extractora.
Fiscalía apunta que la actividad extractiva, apertura de caminos y movimiento de tierras se ha venido realizando desde el año 1981 y se ha mantenido durante la vigencia del PGOU de 1996 y el actual de 2014 por los titulares de la concesión y explotadores de la Quebrada “careciendo de licencia municipal y contraviniendo la normativa urbanística, territorial y sectorial que no permite tales actividades y obras en el lugar en el que se han realizado” ya que se asienta sobre suelo no urbanizable de especial protección .
La actividad se ha mantenido sin que desde el Ayuntamiento “se hayan realizado ni ordenado a los correspondientes servicios de inspección municipal” ni tampoco se haya abierto procedimiento para la reposición de la realidad física alterada, ni tampoco se haya incoado procedimientos sancionadores contra los promotores y explotadores.