La “crisis” de las pensiones

El sistema español de pensiones públicas por reparto solidario intergeneracional nace como un fondo independiente y autogestionado por Mutualidades al que, desde su implantación, patronos y obreros cotizaron durante toda la vida laboral sus cuotas, un esfuerzo importante para todo el tejido productivo. El sistema funcionó a base de población, trabajo y buen gobierno; pero los poderes públicos incumplieron su deber de mantener la separación y destino suprimiendo las mutualidades laborales, tuteladas desde el poder pero formadas por empresas y trabajadores; ni el Estado ni las Autonomías fomentan el empleo productivo y nunca incentivaron la natalidad —verdadera riqueza de un país— sino lo contrario. Sin una política sostenida que favorezca el crecimiento poblacional y si se usa el dinero de las pensiones de quienes han cotizado para acción social pública, pensiones no contributivas y otros subsidios, la crisis es segura. El presupuesto anual determina los ingresos y los gastos del Estado y contiene —entre otras importantes cuestiones— la decisión de optar: el apoyo generoso a la acción social, incluidas las prestaciones graciables, o dispendiar en la clase política más numerosa de Europa y derrochar en gastos claramente innecesarios.