Un exceso de aforamientos

Una decisión de calado la que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al suprimir los aforamientos de diputados o ministros, quedarían al margen las decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones como ministros o diputados, pero, por ejemplo, si podrían ser denunciados e investigados por problemas de corrupción, asuntos personales que trascienden del ámbito privado, como denuncias por alteración del orden público, entre otras. En un primer momento, como en otros países de nuestro entorno, el aforamiento era un mecanismo para que no se imputaran delitos en la acción administrativa de su cargo, pero, finalmente, como se ha visto su uso ha degenerado hasta el extremo de ser difícil perseguir la acción “delictiva” de un alto cargo mientras ejerce como tal y que solo pueda dirimirse en el Supremo. Habrá que ver cuando se sustancie legalmente esta idea del presidente cómo se haría en casos de corrupción en los que los aforados actúan en relación con su cargo. No hay que olvidar que para esta reforma se requiere la mayoría absoluta en el Senado y dos tercios en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, se salvarían de esta nueva criba el Rey emérito, gracias al pacto entre el PP y el PSOE una vez que abdicó, y los diputados autonómicos y altos cargos en función de sus propios estatutos de autonomía. El Gobierno tomo así la iniciativa una vez que Ciudadanos planteaba esta medida en el Congreso de los Diputados. En España el número de aforados se sitúa en una cifra redonda de 250.000 aforados, en su mayoría miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o autonómicos y unos 17.000 políticos en todo el país.