Presupuestos y derechos
L os Presupuestos Generales del Estado son el instrumentos más importante para la planificación de las políticas públicas y reflejan la política económica y social de cualquier gobierno. Durante estas semanas asistimos a las diferentes valoraciones de los presupuestos presentados por el gobierno de Rajoy. Por parte del PP se dice que son unos presupuestos para el crecimiento económico y la creación de empleo. Se insiste en sus importantes propuestas de aumento de gasto social, aunque lo cierto es que no se hacen las cuentas de los recortes presupuestarios llevados a cabo desde el año 2012 y por la parte de los ingresos se continúa por la senda de la rebaja de impuestos y con medidas de “cheques” de ayudas a guarderías, familias numerosas, etc. Todo ello, teniendo en cuenta que España es uno de los países de la Unión Europea con menores ingresos públicos y que más ha subido la deuda pública desde el año 2012 –del 87,7 por ciento del PIB al 98 por ciento en 2017–. Por parte del PSOE, se ha hecho un esfuerzo este año de presentar unos presupuestos alternativos y probablemente las mayores diferencias con el gobierno, están en la política de ingresos. El PSOE pretende aumentar los ingresos a través de una profunda reforma fiscal, para hacerlo más justo y progresivo y racionalizar toda esa política de exenciones y bonificaciones. Según datos de Eurostar, España apenas ingresó una cifra equivalente al 37,9 por ciento del PIB en 2017, mientras que el promedio de la zona euro se sitúa en el 46,1 por ciento, más de seis puntos de PIB por encima del nivel español. Por tanto, parece evidente que tenemos un problema y hay margen para aumentar estos ingresos, algo imprescindible para aumentar el gasto social.
Al margen de las medidas electoralistas anunciadas por el gobierno, como la subida del salario de los funcionarios, la guardia civil, etcétera; estos presupuestos deberían ofrecer respuestas a uno de los mayores problemas que tendremos en el futuro, si no los resolvemos ahora, como es asegurar con cuantías suficientes, nuestro actual sistema público de pensiones. Los pensionistas han salido en masa a la calle reivindicando una subida a sus pensiones equivalente al IPC. Pero realmente esta movilización no responde sólo a una mera cuestión de cuantías. La principal reivindicación de los pensionistas –y me atrevería de decir de la sociedad en su conjunto–, es tener asegurada una pensión suficiente cuando no podamos trabajar. El derecho a tener garantizados ingresos de vida mínimos tras la jubilación, es un derecho humano de primera magnitud que el gobierno debería contemplar y pactar con todos los grupos parlamentarios. No hablamos de subidas puntuales sino de ingresos que aseguren la sostenibilidad del sistema.
La izquierda ha alertado sobre nuestro problema estructural que no es otro que un déficit público fundamentado en la insuficiente recuperación de los ingresos públicos. Es por aquí por donde parece urgente avanzar. Según las propuestas del PSOE, el Estado contaría con dos mil quinientos millones más de ingresos. Podemos, prefiere subir el techo de gasto con unos veintiséis mil millones de euros más. Lo cierto es que las diferencias ideológicas se acentúan en este debate y hay que estar atentos a las propuestas y alternativas de ingresos y gastos, para conocer donde están las prioridades para cada grupo. El presupuesto es la radiografía de todo gobierno y el pacto social más importante del año. En mi opinión, un presupuesto público que no es capaz de asegurar los derechos fundamentalmente de la ciudadanía debería ser cuestionado.