Si a cualquier jubilado de ahora le hubieran dicho hace treinta, cuarenta, o más años, cuando empezaba a trabajar, que el dinero que le retenían a través del IRPF no le iba a ser reintegrado cuando se jubilara, seguro que hubiese reclamado desde el primer instante lo ingresado indebidamente en las arcas del Estado. La frivolidad con que los políticos tratan estos temas meten a todos los afectados –nueve millones de pensionistas– el miedo en el cuerpo, porque con esta etapa de la vida de las personas no se puede jugar. Al político se le ha votado para solucionar los problemas de la gente. En España, con matices, el gobierno aplica a los trabajadores un IRPF sobre su sueldo en bruto, que después les servirá para su pensión de jubilación. La regla general es a mayor sueldo, mayor retención. Pero no se entiende que a una parte de los jubilados se le vuelva aplicar otro IRPF sobre su pensión. Es decir, un IRPF como sujeto activo y otro como sujeto pasivo. Y, asimismo, resulta escandaloso que se comunique por carta, con visos de solemnidad, que todas las pensiones suben 0,25 puntos para este año, cuando el IPC de marzo está en 1,2 puntos –ante las masivas movilizaciones de los pensionistas en todas las ciudades de España, el gobierno se ha comprometido que a las más bajas les subirá el tres por ciento–. Urge establecer un modelo sostenible para el pago de los diferentes tipos de pensiones que esté ponderado por los “principios de igualdad y equidad”; de tal manera, que debe fijarse una pensión mínima que asegure a los pensionistas una vida digna. Tanto el mínimo como el máximo –hoy ponderado– debe ser único e individualizado por persona física y aplicable en todo el territorio nacional, que incluye a las comunidades autónomas que en su delirio se sienten oprimidas: País Vasco, Navarra y Cataluña.

Encima, las personas que se incorporan al mundo laboral tienen que soportar comentarios obscenos de la presidenta del Pacto de Toledo que dice que la solución del problema pasa por meter en la hucha tres euros al día desde ya; y ver a diario “La vida es bella”, añado yo.

Claro, en vez de resolver el problema se esfuerzan en apostar por el negocio de la banca que, otrora, ha sido rescatada con el dinero de todos; y sin rubor alguno, la propia banca acaba de anunciar que ha obtenido en 2017 unos beneficios del 51,3 por ciento superiores al año anterior. ¡Y qué voy a comentar de la imposible ratio: tres trabajadores por un pensionista, que ha funcionado en época de bonanza económica! La situación laboral actual impone que la nueva ratio es uno por uno, como consecuencia del gran número de desempleados y de los contratos basura de los nuevos trabajadores. La caja de las pensiones, que ha sido un instrumento eficaz para pagar las pensiones durante años, está liquidada. El gobierno es consciente de que el modelo está agotado por varias razones, entre ellas: a) El número de potenciales empleados empieza a ser afectados a la baja por la invasión de los nuevos inventos tecnológicos; b) Trabajar durante treinta y cinco o más años va a ser una quimera por la tardía incorporación de los trabajadores al mercado laboral; c) Los sueldos de los empleados de hoy, en general, son medio bajos, por lo tanto su cotización a la Seguridad Social será mediana baja. La resolución del problema pasa por “cambiar el sistema” para poder blindar las pensiones del presente y futuro, lo que significa que el gasto en el pago de las pensiones públicas deben contemplarse en una partida específica dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Lo demás es escurrir el bulto.