Es frecuente en las plazas de toros la imagen del banderillero provocando la concesión de la segunda oreja, preguntando al usía si es una o son dos, sabiendo que solo es una. O la del puntillero que coge el rabo del toro que se va a arrastrar, arengando a los tendidos de sol que a su vez increpan al presidente para que lo conceda.

Es una técnica demasiado habitual para calentar al público contra una autoridad que, si se mantiene en su criterio, puede acabar en una bronca monumental. Ese tipo de comportamientos son sancionables según el reglamento, pero como en la mayoría de las plazas no se multa se ha convertido en normal algo que ni es estético ni es legal. Incitar a la masa es fácil en los toros. Y fuera de los toros. A todo el mundo le gusta pitar al de arriba. Y en pocos sitios se puede hacer tan fácilmente como en los toros. Bueno, en el fútbol también. Que le pregunten al rey. Así que no nos extrañemos de las cosas que pasan cuando en esto de protestar es total la impunidad del personal.

Porque, efectivamente, el público es libre de pitar, gritar, gesticular o hasta rebuznar, si le apetece, que de todo hay. Pero lo que ya no es de recibo, y eso es lo que sanciona el reglamento, es que los intervinientes y los encargados de poner orden en la plaza sean los que provoquen las injurias hacia los palcos. Todos los actuantes en el espectáculo, toreros, banderilleros, picadores, areneros, monosabios, mulilleros, alguaciles, hondoneros, veterinarios o torileros, conocen y se deben a las reglas.

Llama la atención, en relación con la famosa sentencia de “la manada” —¡vaya nombrecito el elegido para la pandilla por los condenados!—, la pronta arrancada de personalidades y sabios del estado, por así decirlo, que, en lugar de enfriar el ambiente —aquello de contar diez antes de hablar—, se han lanzado a degüello contra los mismísimos jueces del caso. Todos nos podemos sentir indignados cuando nos llega información de unos hechos tan despreciables, que, por desgracia, suceden con demasiada frecuencia y que solo imaginar la escena, provocan un rechazo inmediato y contundente de la gente normal. Pero aún en esos casos, no estamos habilitados para interpretar qué tipo de delito son ni en qué medida lo son. Porque para eso están los jueces, que sostienen la presunción de inocencia de todo el mundo hasta que en un juicio justo, sobre unos hechos probados, se demuestra lo contrario.

Manifestarse contra una sentencia entra dentro del derecho de expresión. Claro que sí. Como también lo sería hacerlo en su favor, evidentemente. Pero usar el cargo que uno tiene en el poder ejecutivo para descalificar al poder judicial entra ya en el terreno de la falta de respeto al propio Estado. Por eso la imagen del ministro de Justicia, haciendo de puntillero arengador de tendidos es impropia de una democracia en la que el principio de separación de poderes —pobre Montesquieu—, es fundamental. El estado de derecho que todos nos hemos dado tiene sus vías y sus mecanismos de decisión, de revocación o de corrección. Y, si se piensa que un juez se equivoca, otro, en una instancia superior, lo podrá rectificar. Maestros o subalternos, taquilleros o porteros, carpinteros o barrenderos, en la plaza cada cual tiene su sitio y su función. Los jueces en los juzgados, los diputados en las cortes y el ministro en su sillón.