La receta equivocada

AAmnistía Internacional siempre le ha preocupado el derecho a la salud como un derecho básico del ser humano. El derecho a la salud está estrechamente interconectado con numerosos otros derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo, la educación, la vida, la no discriminación, la privacidad, el acceso a la información y la prohibición de la tortura, entre otros.

La asistencia sanitaria universal hace referencia al acceso a asistencia sanitaria completa y a la salud pública de todos los residentes de un país o región geográfica o política sin importar su capacidad económica o situación personal. La asistencia sanitaria universal responde a la demanda del derecho a la salud, y se inscribe en los derechos económicos, sociales y culturales considerados derechos humanos de segunda generación.

Por ello, nuestra organización ha realizado un importante estudio sobre el estado de este derecho en España desde que empezaron las políticas de austeridad para hacer frente a la crisis económica.

Con el título de La receta equivocada la organización concluye que se ha producido un deterioro en el acceso, la asequibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria, sobre todo, entre personas con rentas bajas. Para elaborar este informe la organización ha realizado casi 250 entrevistas.

Los recortes perjudican seriamente el derecho a la salud. Provocan una falta de protección que frente a las enfermedades. Las medidas de austeridad están teniendo un impacto devastador sobre todo en las personas más vulnerables y marginadas de nuestra sociedad.

La sanidad es más cara, menos accesible y de peor calidad que hace una década. El recorte del gasto público, la introducción del copago y la existencia de reformas que excluyen a sectores como los inmigrantes de la sanidad, son las causantes de esta situación.

Los más afectados han sido las personas de rentas más bajas y los mayores, los enfermos crónicos, las personas en tratamiento de salud mental y las personas con discapacidad.

Los recortes han sido drásticos. Si en 2009 se gastaba en sanidad más de 70.000 millones de euros, en 2013 apenas superaba los 60.000 millones. Además de excluir del Sistema Nacional de Salud a los inmigrantes en situación irregular, se reorganizó la cartera de servicios del sistema público sanitario y se introdujo el copago farmacéutico, así el precio de los medicamentos se ha incrementado entre un 10 y un 20% y personas que antes no pagaban, como los pensionistas, ahora pueden llegar a pagar hasta un 10%, y se ha eliminado de la cobertura pública numerosos medicamentos para aliviar dolor o los síntomas de enfermedades crónicas.

Estas políticas han supuesto la precarización de las condiciones laborales del personal sanitario y la disminución de sus plantillas.

Se aumentó la jornada laboral hasta las 37,5 horas, se restringieron las nuevas contrataciones, se produjeron congelaciones salariales y aumentaron los contratos temporales en el Sistema Nacional de Salud. Entre 2012 y 2014, la sanidad pública perdió casi 28.500 profesionales. Uno de cada tres trabajadores de la sanidad pública tiene un contrato precario.

La existencia de menos recursos y menos personal deriva irremediablemente en más tiempo de espera. Esto ha afectado en mayor manera a enfermos crónicos o degenerativos con fuertes dolores y, también, a los enfermos de cáncer, a los que se les tarda más en diagnosticar y en tratar.

En una sociedad moderna como pretende ser la nuestra, esto es una mala noticia para la sociedad y para los derechos humanos.

Por eso nos interesa, por eso nos oponemos a ello.