La libre enseñanza y el derecho a la educación

La elaboración de la Constitución española de 1978 tuvo uno de sus retos más significativos en la consecución del consenso relativo al artículo 27, en el que se consiguió ensamblar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. La redacción final del punto 1 de dicho artículo sitúa en igualdad el hecho de que “todos tienen derecho a la educación” y la realidad del reconocimiento de “la libertad de enseñanza”. Pero la norma máxima que rige nuestras vidas como ciudadanos españoles no surgía de la nada, sino que se basaba en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 26 reconocía “el derecho a la educación de todas las personas, la gratuidad y obligatoriedad en la instrucción elemental y fundamental, el acceso a los estudios superiores en igualdad de condiciones en función de los méritos y el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Por ello resulta especialmente paradójico asistir, en el momento histórico y social actual, al enfrentamiento auspiciado por ciertas organizaciones de marcada ideología de izquierdas, entre la idea del derecho a la educación versus libertad de enseñanza. ¿Qué se esconde tras este intento de contaminar a la sociedad española con el pensamiento erróneo de que la libre elección de las familias va en detrimento del derecho a la educación? ¿Por qué ese enconamiento en romper el consenso constitucional en materia educativa que ha permitido avanzar a nuestro país y mejorar el sistema educativo en los últimos cuarenta años? El tan necesario pacto educativo que reclamamos los profesionales de la Educación ha de construirse dejando fuera los enfrentamientos ideológicos, aprovechando todo lo que ha funcionado durante muchos años y garantizando la pluralidad de centros educativos. Es difícil entender cómo pueden algunos sindicatos, partidos políticos... proclamar que luchan por la mejora del sistema educativo cuando, en realidad, sólo pretenden la eliminación de una red de centros (los concertados) que, con menos recursos económicos y humanos, compensando las carencias con el gran esfuerzo de sus docentes, presta cada día un servicio fundamental a la sociedad andaluza y española. La organización sindical a la que represento en la provincia de Jaén, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Andalucía (FSIE-A), en su ámbito funcional (artículo 3.1 de sus Estatutos), incorpora a cuantas organizaciones profesionales y sindicales independientes de trabajadores del ámbito educativo lo soliciten, siempre y cuando hagan suya la doctrina sobre libertad de enseñanza contenida en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 27 de la Constitución Española.

De ahí que, para FSIE, el derecho a la educación, la libertad de creación de centros y una oferta educativa que garantice a los padres que sus hijos se educarán de acuerdo a las convicciones morales y religiosas de su elección son la piedra angular sobre la que ha de construirse el presente y el futuro del sistema educativo. Eso sí, hay que encontrar al fin la valentía de algún gobierno que decida terminar con la discriminación que sufrimos los trabajadores docentes y no docentes de los centros concertados. La igualdad supone implantar la misma dotación a todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Comienza ya un nuevo proceso de escolarización para el curso 2019/20 en los distintos niveles educativos y lo hace con un nuevo marco político andaluz, en el que los partidos que ostentan actualmente el poder han reiterado su intención programática de dar igualdad de trato a los centros públicos y a los concertados y su máximo respeto a la libertad de elección por parte de las familias. FSIE ha insistido desde hace muchos años en que debemos lograr un Pacto por la Educación para que valores como la libertad no dependan, en ningún caso, en una Comunidad Autónoma, de la ideología del partido al que toque gobernar. Los últimos procesos de admisión de alumnos han estado plagados de dificultades por la constante amenaza que supone, debido a la bajada de la natalidad y la pérdida de migración, no alcanzar la ratio necesaria para conservar el concierto de las unidades del centro, con el consiguiente perjuicio a la estabilidad laboral de sus trabajadores. Por ello, FSIE-Jaén llevará a cabo un año más su campaña de apoyo a la escolarización en los colegios privados y concertados, con el fin de difundir a la sociedad que en ellos desarrollan su labor cada día profesionales comprometidos y cualificados que ofrecen una formación integral y de calidad. Velaremos porque la escolarización se desarrolle sin intentos de redirigir alumnos a los centros públicos y contestaremos con firmeza a toda información que pretenda alterar la voluntad de los padres de elegir un centro concertado para sus hijos. El derecho a la educación no es propiedad de los defensores de una escuela única pública. Lo edificamos día a día cada uno de los profesionales que no tenemos miedo a la libertad en nuestra sociedad, independientemente de que desarrollemos nuestra labor en un centro concertado de titularidad privada o en un centro público.