Visto para sentencia el juicio por las filtraciones del vertedero

Tras dos maratonianas sesiones y más de doce horas de duración, el juicio por los residuos tóxicos que contaminaron acuíferos y olivares en las inmediaciones del vertedero municipal quedó visto para sentencia. En el banquillo se han sentado dos directivos de FCC, la multinacional que gestiona esta instalación. En concreto, José María G. R., que fue el máximo responsable de la empresa en Jaén desde el 1 de junio de 2011 hasta el 31 de enero de 2014 —cuando se jubiló— y su sucesor en el cargo, Francisco Javier Y. A. La Fiscalía mantuvo para ambos su petición inicial de condena: dos años y medio de cárcel por un delito ecológico. La defensa solicita la libre absolución. Sus argumentos son claros: desde el principio aseguran que las filtraciones detectadas provienen de otros basureros mucho más antiguos que fueron clausurados muchos años antes de que FCC se hiciera cargo de la gestión de los residuos de la ciudad.

Para apuntalar sus argumentos, ayer contaron con el testimonio de seis especialistas en distintas materias como Geología, Biología o Botánica, que declararon como peritos y que trataron de acreditar que es “imposible” que la contaminación provenga de las actuales instalaciones del vertedero. Pusieron un ejemplo ilustrativo: en uno de los pozos, propiedad de un particular, se hallaron “elevados niveles de sustancias tóxicas como sulfatos y cloruros”. Los expertos explican que esa contaminación es “diferente y mucho más intensa” de la que se halló en el basurero. Lo normal, según aclararon, es que esas sustancias se hubieran ido diluyendo tras atravesar centenares de metros de tierra hasta llegar al pozo, no que se hubieran hecho más concentradas.

Otro de los argumentos de la defensa es que el basurero cumplía todos los parámetros medioambientales y de seguridad. Al hilo, varios testigos aseguraron que esa infraestructura, construida en 2008, se encuentra “perfectamente impermeabilizada”, por lo que es “prácticamente imposible” que se produjeran filtraciones. Entre ellos estaban los técnicos que diseñaron y dirigieron la construcción. También se aportaron fotografías de las obras, así como el proyecto técnico.

Los dos acusados siempre han mantenido que cumplieron escrupulosamente la normativa vigente y que cumplieron todas las obligaciones medioambientales. Ese es, precisamente, el nudo gordiano de esta causa judicial. La Fiscalía y la Abogacía del Estado sostiene que los dos directivos no tomaron las medidas necesarias para paliar las filtraciones de residuos tóxicos en el vertedero municipal. Unos residuos que, al parecer, originaron la contaminación de las aguas subterráneas cercanas al basurero, en las que el Seprona y la Confederación detectaron niveles “muy elevados” de nitratos, sulfatos, níquel, selenio, hierro y amonio. El Ministerio Público considera que el vertedero gestionado por FCC presentaba “deficiencias considerables” en la red de drenaje de aguas, no estaba impermeabilizado y no había un sistema previo de tratamiento de aguas. Esa situación, según siempre la acusación pública, generaba episodios de contaminación que afectó a las aguas subterráneas y a los suelos colindantes. El Seprona encontró sustancias tóxicas en varios arroyos y pozos, después de hacer varias mediciones en los años 2014 y 2015. “Los acusados eran conocedores de que, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones medioambientales, se estaban produciendo esas filtraciones contaminantes”, alega la Fiscalía en su escrito de acusación elevado a definitivo ayer. Una tesis que los acusados ponen en duda: “Somos inocentes”, le dijeron a la juez en el derecho que tiene todo acusado a decir la última palabra en un juicio. Después, su señoría pronunció la frase: “visto para sentencia”.