Un “SOS” para no verse en la calle con sus cuatro hijos

Tomás Fernández y Tamara Muñoz tienen cuatro hijos de cinco, tres, dos años y de tres meses. Viven en una casa de la calle Elvin de la capital. La vivienda no es suya, pertenece a la Unidad de Créditos Inmobiliarios (UCI). La okuparon en enero de 2016, tras ser desahuciados anteriormente de otra casa en la que vivían de alquiler. Una situación a la que llegaron después de no poder hacer frente al pago mensual de la cuota. Ahora están a punto de verse en la calle por segunda vez. Por ello, lanzan un “SOS” de ayuda. “Estamos desesperados. Llegamos por necesidad. Estábamos en la calle y vimos la vivienda vacía. Era un nido de ratas y droga, incluso estaba incendiada. Yo me encargué de rehabitarla y poner en buenas condiciones y ahora nos la quieren quitar. No nos pueden dejar en la calle sin ofrecernos otra alternativa habitacional o un alquiler social con cuatro hijos. Nuestro día a día ya es difícil, sin apenas ingresos, solo recibo la ayuda del Plan de Activación de Empleo”, explica Tomás Fernández, actualmente en paro.

Para tratar de paralizar el lanzamiento, la situación de la familia está en manos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Jaén. Según manifestó el portavoz del colectivo, Miguel Ángel Martínez Bellón, se han registrado más de doscientas cincuenta firmas de vecinos en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaén y en la entidad bancaria UCI para pedir que no desahucien a la familia de Tomás Fernández y Tamara Muñoz y que la entidad les facilite un alquiler social. “Queremos buscar el apoyo del juzgado, porque desde la PAH entendemos que la legislación hipotecaria viola el convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, afirma el portavoz de la plataforma, y añade: “Estimamos que las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo a la realidad social y a todas luces parece inmoral un desahucio sin alternativa habitacional que pone en peligro la vida de cuatro menores. Es más nos parece ilegal. Además queremos que UCI sepa que sus vecinos apoyan a esta familia y que es de su competencia asegurarles un alquiler social de acuerdo a sus posibilidades. Queremos negociar esta posibilidad y, por eso, le hemos enviado las firmas a dicha entidad”, recuerda Martínez Bellón. Finalmente, agradecen la actuación de los servicios técnicos de la oficina de intermediación de la delegación de Vivienda y del delegado José Manuel Higueras que se han dirigido a la entidad por escrito para pedirles la paralización del desahucio.