La Fiscalía ve delito en la explotación de la cantera

La Fiscalía ve indicios para denunciar ante los tribunales la explotación de la cantera de la Fuente de la Peña, en la carretera entre la capital y Los Villares. En concreto, y tras más de un año de diligencias previas, el Ministerio Público reclama al juez que tome declaración en calidad de investigados a ocho personas por delitos continuados contra el medio ambiente, los recursos naturales y la ordenación del territorio. Se trata de los dueños de la explotación minera, los responsables de las empresas arrendatarias, el director facultativo de la cantera y un asesor técnico de Minas perteneciente a la Delegación de Economía y Empresa.

El decreto, firmado por la fiscal Isabel Uceda, solicita al magistrado que se haga cargo del caso que acuerde paralizar la actividad de extracción de todos los recursos mineros. Se trataría de una medida cautelar, encaminada “a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente”. También incluye que la causa sea declarada compleja, es decir, que el plazo para instruirla sea de 18 meses.

Este es el resultado de un año de investigación por parte de la Fiscalía. En el relato de hechos, el Ministerio Público es tajante: “No se ha cumplido con la obligación de restaurar”, asegura. Algo de lo que culpa a los titulares de la concesión, a los explotadores y al director técnico facultativo. En este sentido, el Ministerio Público apunta que la actividad se ha realizado “careciendo de licencia municipal y contraviniendo la normativa urbanística, territorial y sectorial”. Recuerda que la cantera está en un suelo no urbanizable de especial protección. “La actividad se ha mantenido sin que el Ayuntamiento haya realizado ni ordenado los correspondientes servicios de inspección ni haya abierto procedimiento para la reposición de la realidad física alterada, ni haya incoado procedimientos sancionadores contra los promotores”, añade.

El decreto explica que todos “los incumplimientos legales” han generado “afecciones”, que además han estado agravadas por “la ausencia de medidas de corrección y restauración y por el abandono de la cantera”: “Han de entenderse como muy graves y con riesgo de afecciones graves sobre el ecosistema global, con potencial repercusión en el hombre”. La Fiscalía sostiene que los movimientos de tierra, la extracción de grandes volúmenes de tierra y la construcción de caminos han supuesto “una modificación de la topografía original del terreno”.

Las diligencias se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción y Asociación Iniciativas. En ellas, se decía que la cantera podría estar trabajando sin las autorizaciones pertinentes y se ponía de manifiesto los daños a un conjunto de pinturas rupestres, declarado Bien de Interés Cultural. Actualmente, la actividad está paralizada por vía administrativa. Una causa que está recurrida por la empresa en los Juzgados de lo Contencioso.