Dos años de frustración para recuperar un piso okupado
Una pareja no puede disfrutar de su propiedad tras una entrada ilegal
Raisa Hernández Rodríguez no es rica, es una currante, una mileurista, que se gana la vida con la hostelería. Eso sí, a fuerza de ahorrar, y con la ayuda económica de su pareja, Samuel Sánchez Rodríguez, decidió invertir en la compra de un pequeño piso, una propiedad en el modesto barrio de Peñamefécit, para ponerlo en alquiler. Nada que no hayan hecho millones de españoles y, además, en este caso, dejan claro que no había detrás un interés especulativo, simplemente, la posibilidad de vivir algo más desahogados. “Yo soy pensionista y tengo una vivienda gracias a una herencia, de ahí que me pusiera de acuerdo con Raisa para dar este paso”, asegura Sánchez. Cuando el apartamento estaba “bonito”, tras una reforma, llegó el primero de los inquilinos. La buena fe de los arrendatarios le permitió coger las llaves e instalarse, cuando ni siquiera había hecho frente a las dos mensualidades que le pidieron, una de ellas como fianza, apenas trescientos euros. Desde entonces, el piso solo les causa problemas y hace ya dos años que comenzó el sinvivir.
Tras una espera prudencial, pidieron al inquilino que se marchara y, para su sorpresa, este, más o menos de buen grado, aceptó. El problema es que continuó allí la que creen que es su pareja. De hecho, el contrato, que no llegaron a firmar ninguna de las dos partes, está a su nombre, al haberles explicado el primer arrendador que, como recuerdan, “no tenía papeles”. Todos estas idas y venidas ocurrieron en 2017 y, desde entonces, la pareja trata de intentar recuperar su propiedad por la vía policial y judicial. En este tiempo, tuvieron constancia de que el piso ha vuelto a cambiar de manos. La situación terminó en los juzgados y, en abril, tras un primer aplazamiento, está señalada una vista en la que confían en obtener la razón. Mientras llega ese día, tienen que hacer frente a los gastos que les genera esta propiedad, de la que no disponen, como unos 300 euros en el abastecimiento de agua, una cuantía tan elevada que la propia compañía mostró su extrañeza, mediante una carta en la que recomendaban revisar la instalación, por si hay una avería. A ello hay que sumar los 150 euros de la hipoteca, 250 del seguro, el Impuesto de Bienes Inmuebles o el seguro. En cuanto a la electricidad, a pesar de que solicitaron que se suprimiera el servicio, la empresa les reclama unos 1.300 euros. Aunque Samuel se ha informado y confía en que pueden demostrar que el gasto no es suyo, dada la okupación de la vivienda, tampoco es que sea plato de buen gusto para ellos. Por si fuera poco, para defender sus intereses, precisan los servicios de un abogado que, como es lógico, también reclama su minuta.
Vecinos del barrio sostienen que el problema al que se enfrentan Raisa y Samuel no es algo tan extraño. Solo en la zona de Peñamefécit y La Guita existen, según algunas estimaciones, una media docena de pisos en esta situación.
La norma sobre los desahucios, tras una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que entró en vigor el pasado 2 de julio, agiliza el procedimiento judicial para desalojar a quienes se instalan en viviendas ajenas contra la voluntad de sus dueños, sin disponer de un contrato de alquiler o de un acuerdo de cesión que les habilite para vivir en ellas. Hace falta presentar una demanda que puede presentarse, incluso, contra “los ignorados ocupantes de la vivienda” y, si el juzgado ordena el desalojo, el auto se cumplirá con cualquiera de los que se encuentren dentro del inmueble.
En el barrio de Peñamefécit, como explican algunos vecinos, hay “mafias” que logran obtener beneficio de la desgracia ajena. “Hay pisos que son okupados, que pasan por varias manos y que, llegado un momento, cuando se acerca el juicio, te piden que les pagues para abandonarlo”, aseguran. El método consiste en solicitar una suma, con la idea de ahorrar al legítimo dueño los gastos procesales y la espera hasta que se celebra la vista y se dicta sentencia.
La tensión vecinal a cuenta de la okupación de viviendas no es exclusiva de Peñamefécit y La Guita, en Santa Isabel y La Merced también se dieron situaciones así. En algunos casos, las asociaciones de vecinos tomaron la decisión de tapiar las puertas para impedir el acceso a los inmuebles. Y es que hay dos casos de entrada ilegal en una casa. Por un lado, cuando se trata de una familia que tiene problemas económicos, nadie suele pone pegas e, incluso, algunos colectivos vecinales se vuelcan con los nuevos inquilinos. Distinto es cundo alguien se cuela en un inmueble, sin permiso alguno, para trapichear con droga y generar molestias en el barrio. La Policía poco puede hacer si no tiene denuncia de los propietarios de las viviendas así.
Tanto Samuel Sánchez y Raisa Hernández como su entorno lamentan que haya quien se aproveche de pequeños ahorradores que se ven obligados a recurrir a la Justicia para salvar sus propiedades. Es, como dicen, “la otra cara de los desahucios”. Y es que, en estos casos, también se ven abocados a una angustiosa situación los dueños, que tienen que hacer frente a las hipotecas que firman con un gran esfuerzo.