Al banquillo por un supuesto fraude de medio millón de euros
Presuntamente, el empresario acusado dejó de pagar las cuotas de sus empleados a la Seguridad Social
Un empresario de la capital, dedicado al sector del pan y de la bollería, debe sentarse hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial. Rafael C. M. está acusado de un delito de fraude a la Seguridad Social. Presuntamente, dejó de pagar 531.822 euros en cuotas de su trabajadores que, previamente, sí que había devengado. La Fiscalía reclama para él una condena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de más de un millón de euros. El procesado niega los cargos y su defensa reclama la libre absolución.
El Ministerio Público explica que Rafael C. M. estaba detrás como administrador único de un entramado de empresas dedicadas a la hostelería y a la alimentación. El fiscal asegura que todas estas sociedades tenían ingresos y beneficios: “A pesar de eso, dejó de abonar entre 2014 y 2016 las cuotas de afiliación a la Seguridad Social de sus empleados”, añade el Ministerio Público, quien deja claro que, previamente, el acusado sí que realizaba el descuento de las cuotas en las nóminas de sus empleados. Al respecto, presuntamente, Rafael C. M. domiciliaba los pagos en cuentas sin fondos o, directamente, no ingresaba euro alguno en la Tesorería General. De este modo, causó un agujero de más de medio millón de euros en las arcas públicas.
Fue la propia Seguridad Social la que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El organismo estatal detectó “irregularidades” en la gestión de este empresario, que fue detenido por la Policía Nacional en mayo de 2016. La juez Carmen Ballesteros lo dejó en libertad con cargos, a la espera de juicio. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) explicaron que Rafael C. M. habría creado un entramado de empresas “con el objeto de eludir y obstaculizar” el cobro por parte de la Seguridad Social de las cuotas de cotización de sus trabajadores.
Este tipo de delitos están castigados con penas que oscilan entre uno y cinco años de cárcel. En este caso, la Fiscalía solicita casi la máxima condena: cuatro años y medio. Igualmente, solicita una multa que supone el doble de la cantidad supuestamente defraudada, es decir, una sanción de más de un millón de euros.