“Se aplicó el 155 porque no había otra forma de volver a la legalidad”
El fiscal Fidel Cadena, el segundo representante del Ministerio Público en intervenir en el juicio contra el ‘procés’ independentista que se celebra en el Tribunal Supremo, ha afirmado que en esta causa no se persigue una ideología, sino “comportamientos tipificados en el Código Penal” que llevaron a una situación en la que al final se recurrió a la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque “no existía otra manera de volver a la legalidad”.
Cadena, en un tono algo más sosegado que su predecesor, Javier Zaragoza, aunque sin perder contundencia, ha utilizado su intervención para centrar el debate jurídico en el incumplimiento claro de la Constitución por parte de los acusados.
Para el fiscal, “no hay una soberanía catalana, sino una soberanía española” que reconoce la Constitución y que se vio gravamente conculcada con las leyes de desconexión que éstos impulsaron en septiembre de 2017 en el Parlament de Cataluña. PLAN MINUCIOSO, CONCERTADO Y PLURICONVERGENTE
Lo que se juzga en este procedimiento, ha añadido, es “un plan concertado, minucioso y pluriconvergente” en el cual se creó “una legislación paralela que dio a la gente la idea de que los derechos que se proclaman fueron totalmente lícitos”.
Durante su turno e impugnación a las cuestiones previas expuestas ayer por las defensas, dirigidas a intentar en último término la nulidad de todo el procedimiento, Cadena ha reconocido que sí existe un “derecho a decidir”, si bien éste “corresponde a todo el pueblo español, no puede otorgarse fuera de los modelos previstos”.
“No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. Segovia no es de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluña de los catalanes independentistas, sino de todos”, ha afirmado.
El fiscal ha realizado ante la sala un análisis del contenido de las leyes de desconexión cuyo impulso constituye parte de la acusación contra los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo, por impulsar mediante estas normas de “aventura” la declaración de un Estado propio en Cataluña en forma de república y no supeditado a las decisiones del Estado español.
Todo ello constituye, a su juicio, un “ataque abierto al orden constitucional” y “desborda por completo”, entre otros, el artículo 9 de la Carta Magna que consagra el respeto a la ley. “La soberanía reside en el pueblo español, y esto es un valor absoluto que no se puede sustituir por la soberanía de los pueblos que lo integran”, ha indicado.
Por otro lado, Cadena ha defendido la “generosidad” de la Constitución española respecto de otras normas constitucionales europeas como la alemana, que directamente prohíbe partidos que promuevan la independencia de parte de su territorio. EL DERECHO A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA NO SE HA VULNERADO
Así, ha insistido en que la Carta Magna española defiende el derecho a tener una ideología independentista, pues “no es una Constitución militante”, por lo que ha replicado a las defensas de los acusados que “el derecho a la libertad ideológica no ha sido vulnerado” con este procedimiento judicial.
“No es el genotipo; éste se respeta, pues uno puede tener las ideas que quiera. Lo que se penaliza es el fenotipo, una actuación que tiene prevista la subversión y la ruptura del orden constitucional”, ha remarcado.
“No fue un grupo de ciudadanos que pretendiera acceder al poder, sino una comunidad que ha decidido separarse del Derecho para lograr sus fines. Y junto a ello, el poder de los Mossos d’Esquadra, que se pusieron del lado de la rebelión”, ha añadido.
Todo esto, ha explicado el fiscal, es lo que ha llevado al juez instructor y al tribunal a mantener a nueve de los exdirigentes catalanes acusados en prisión provisional, debido a la “pluralidad de actos de delito durante un largo periodo de tiempo” por parte del Govern y el Parlament, “con incitaciones directas a la ciudadanía” con el objetivo último de “derogar la Constitución” en Cataluña.
A la gravedad de los delitos de los que se les acusa, ha apuntado Cadena, se unen los riesgos de fuga y de reiteración delictiva que los magistrados han confirmado que han existido durante todo el procedimiento.
El de fuga porque otros cinco investigados, con el expresidente Carles Puigdemont a la cabeza, se fugaron, situándose “fuera del ámbito de la justicia española”. Y el de reiteración delictiva porque el Libro blanco de la transición nacional ya decía que “había que insistir” en los comportamientos investigados para conseguir el fin último de la independencia.