Sánchez remarca la división entre los independentistas
El presidente afirma que no se ponen de acuerdo para una huelga de hambre
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó ayer la profunda división que existe entre las fuerzas independentistas, como demuestra el hecho de que no se pongan de acuerdo ni siquiera para desarrollar conjuntamente una huelga de hambre, en alusión a la protesta iniciada por varios presos del “procés”, ninguno de ellos de ERC. Así se pronunció en una conversación informal con periodistas en la copa de Navidad que ofreció en el Palacio de la Moncloa, donde también apuntó que es su obligación mantener una relación lo más normalizada posible con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pese a que no sea el mejor interlocutor en Cataluña.
Sánchez aún no decidió si asistirá a la cena que este jueves, víspera de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, organizada por Fomento del Trabajo, la principal patronal catalana, y a la que sí asistirán al menos algunos de los ministros económicos de su gobierno. Torra no tiene interés alguno en que Sánchez y su Gobierno adelanten su llegada a Barcelona y menos aún de verse relegado en una cena de gala a la que, si asiste el jefe del Ejecutivo español, él ya no será la más alta autoridad, reconocen fuentes gubernamentales. Pero en el Gobierno también hay partidarios de limitar la presencia de los miembros del Ejecutivo la víspera de la reunión del Consejo. Esa es la opinión del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que prefiere que a la gala de la patronal asistan los ministros imprescindibles.
El presidente del Gobierno no confirmó aún su asistencia porque tiene otros compromisos de agenda que tendría que modificar para poder estar presente en Barcelona en la tarde noche del viernes. Tampoco pudo adelantar si finalmente tendrá una entrevista bilateral con Torra aprovechando su presencia en Barcelona, como la tuvo con la presidenta andaluza, Susana Díaz, cuando el Consejo de Ministros se reunió en Sevilla. La pelota está en el tejado de Quim Torra porque Sánchez está dispuesto a verse con él.
En la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, aparte de aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el Ejecutivo tiene previsto dar luz verde a algunas medidas de infraestructuras que beneficiarán específicamente a Cataluña junto con otras medidas de carácter más simbólico que no quiso avanzar. Con este inusual Consejo de Ministros en Barcelona, Sánchez quiere demostrar que el Estado está en Cataluña y que su Gobierno en concreto tiene un proyecto para Cataluña, como lo tiene para el resto de territorios del país.
El Tribunal Supremo rebajó ayer hasta un año y un mes la condena de dos años de inhabilitación que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al expresidente de la Generalitat Artur Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional con la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. La iguala así a la que se impuso al exconseller Francesc Homs. Asimismo, la Sala de lo Penal también rebajó el tiempo de inhabilitación de la exvicepresidenta Joana Ortega, quitándoles un año a cada una.
Así, Ortega es inhabilitada nueve meses y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau seis meses. El Tribunal Supremo confirmó todos los pronunciamientos de la sentencia impugnada a excepción de la concreta duración de las penas de inhabilitación especial como son las multas, que se confirman en 36.500 euros para Mas, 30.000 Ortega y 24.000 euros en el caso de Rigau. Los magistrados desatienden así la petición de la Fiscalía, que pidió confirmar las condenas. El fiscal Jaime Moreno afirmó durante la vista que tuvo lugar en el alto tribunal el pasado 7 de noviembre que lo que ocurrió hace cuatro años “fue un desafío a la legalidad”. El fiscal recordó que fue el propio Mas quien afirmó en su día ante los medios de comunicación que el “responsable” de la consulta era él y su gobierno. Aún así, Moreno argumentó que la “desobediencia no hace falta que sea expresa”.