Núñez archiva la pieza de los ERE de Azucareras de Jaén

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, archiva las dos piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por las ayudas concedidas al Obispado de Cádiz y a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén. Asimismo, Núñez considera en el auto, al que accedió Europa Press, que el ciudadano “no tiene, en este caso, ninguna responsabilidad penal al solicitar una subvención o ayuda, debido a que “no es el ciudadano el que decide qué documentación presentar o qué procedimiento seguir para solicitar una beca, una subvención u otra ayuda pública, es la administración”.

Por estos argumentos, la juez encarpetó, también por segunda vez, la pieza separada por las ayudas a Azucareras Reunidas de Jaén —esta pieza ya la archivó una primera vez pero la Audiencia de Sevilla le ordenó reabrirla—, ya que “en el iter procedimental no se constata conducta alguna, ni de los representantes sindicales ni de las personas que intervienen en nombre de la empresa, que pueda ser constitutiva de ilícito penal alguno” y “los representantes sindicales y los ciudadanos, en la gestión y solicitud de las ayudas públicas, se limitan a seguir el procedimiento que fijan las administraciones”, tal y como expone el auto.

Asimismo, Núñez indica que que las ayudas se solicitan porque se consideran “justas y adecuadas”, con una finalidad lícita, facilitar la prejubilación de trabajadores de un sector en crisis abocados al paro y con “enorme dificultad” para encontrar nuevo trabajo en otro sector debido a su edad, 50 años. Junto a ello, explica en el auto que “tampoco cabe la menor duda de que se destinan las ayudas a la finalidad para la cual se solicitan, siendo los efectivos y reales beneficiarios de las mismas los trabajadores de entre 50 y 54 años”, y “no la empresa, que nuncahubiera financiado las prejubilaciones de estos si no fuera por las ayudas recibidas de administraciones”.

Con respecto a la pieza del Obispado de Cádiz, la magistrada acuerda su sobreseimiento provisional y archivo de la misma por la ayuda sociolaboral de 300.000 euros que la Junta de Andalucía concedió en el año 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz, pieza en la que estaba siendo investigado el obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos ya que “no existe el más mínimo indicio de responsabilidad penal que justifique mantener la investigación abierta” sobre este último , “ni tampoco sobre cualquier otra persona del Obispado o Consejo Económico”, se refleja en el auto.