El Defensor del Pueblo Andaluz "entra" en el confilcto del agua

Además, la institución andaluza también tuvo en cuenta las críticas públicas lanzadas con motivo de la renovación periódica de los contadores en domicilios, “sin la notificación adecuada”, y por el servicio de atención al cliente que se presta en las oficinas de la compañía, donde, según Facua, se producen largas colas como consecuencia de la falta de personal.

La polémica comenzó el pasado mes de octubre cuando el secretario general de la organización de consumidores en la provincia, Felipe Serrano, denunció públicamente “situaciones irregulares” cometidas por la empresa Linaqua en lo referente a cortes por impago de facturas de sus clientes, así como por el cambio de contadores “sin avisar”. “Hay empleados que van al domicilio del usuario y proceden a su sustitución”, indicaba entonces Serrano. Además, el representante de Facua aludía a que su organización tenía constancia de casos en los que el aviso de cambio de contadores se enviaba con una fecha en la que no se presentaban: “Lo hacen antes o después, lo que origina molestias al usuario por tener que esperar al trabajador de la compañía”, señalaba.

Estas críticas recibieron, a los dos días, la respuesta del gerente de la empresa mixta del agua, Ramón Martín, y del concejal de Servicios, Joaquín Robles, para salir al paso de las acusaciones vertidas por Serrano. En ese sentido, Linaqua defendió su “cumplimiento riguroso de la legislación vigente” en su forma de proceder ante los supuestos incumplimientos por los cambios de contadores realizados. Asimismo, la compañía manifestó que sí se realizaron los correspondientes avisos de pago y de cortes, ya que “se enviaron 5.675 cartas de preaviso y 2.747 de corte de suministro”.

Pese a ello, el Defensor del Pueblo Andaluz, en su afán por salvaguardar los derechos de las personas consumidoras y usuarias de servicios de interés general, entre los que se encuentra el suministro domiciliario de agua potable, consideró oportuno “promover una actuación de oficio con objeto de conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo”, según recoge la página web de la institución.

“Resultaría conveniente dirigirse al Ayuntamiento de Linares a fin de supervisar el ejercicio por esta administración de las potestades de control, inspección y sanción que el ordenamiento jurídico le reconoce respecto de la prestación del servicio. Asimismo resulta necesario recabar la colaboración de la empresa mixta municipal que presta el servicio de gestión del ciclo integral del agua en la localidad, con objeto de recabar los datos necesarios para poder efectuar una valoración adecuada de la situación”, indica la plataforma digital del Defensor.

Difamación. Linaqua entendió las declaraciones realizadas por Felipe Serrano como una difamación, de ahí que se remitiera la documentación a los servicios jurídicos de la compañía para que se tomen las medidas que se consideren convenientes contra la Federación de Consumidores y Usuarios, Facua Jaén.

A pesar de todo, fueron tales denuncias efectuadas las que motivaron la actuación de oficio del Defensor del Pueblo en este asunto, al considerar que “se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución”.