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URGENTE

El juzgado admite la querella y cita al alcalde como investigado

El Partido Socialista acusa a Fernández de una sustracción de 100.300 euros
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12/01/2019
  • DOCUMENTOS. Los exsocialistas Juan Sánchez y Juan Fernández durante una rueda de prensa en una imagen de archivo.
    DOCUMENTOS. Los exsocialistas Juan Sánchez y Juan Fernández durante una rueda de prensa en una imagen de archivo.

El juez llama a declarar a Juan Fernández, alcalde de Linares, como investigado. En esta línea, el Juzgado Mixto número 2 admite a trámite la querella presentada por el Partido Socialista en la que la formación lo acusa de una presunta sustracción de 100.000 euros. La demanda se registró, además, contra el que fuera secretario de Organización, Juan Sánchez, y sigue adelante por considerar que “hay indicios suficientes para incoar un procedimiento de diligencias previas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, aportación indebida, administración desleal y estafa”. La cita en los juzgados se fija para el 1 de febrero.

La resolución judicial consideró que los hechos estudiados se consideran “suficientes” para incoar el procedimiento y admitir la querella. El Partido Socialista (PSOE) denuncia que Juan Sánchez y Juan Fernández “sustrajeron fondos públicos destinados al partido por una cifra de 100.300 euros para el alcalde, y 13.200 para Sánchez”. Se basan en el sustento de la auditoría de cuentas que se realizó en la agrupación por una empresa externa cuando la nueva Ejecutiva local del PSOE comenzó a trabajar en noviembre de 2017. En ese momento, se emitió un informe en el que se puso de manifiesto “una operativa presuntamente criminal de los dos querellados”.

Durante 5 años, Fernández habría cobrado una retribución mensual de 1.700 euros. El alcalde aseguró que fue una cantidad acordada por la ejecutiva de aquel entonces y que se hubo un acuerdo unánime respecto a ello. No es la misma opinión la que tiene el PSOE, que declara que fue “incapaz de ofrecer una explicación cabal y razonable del destino del dinero que recibió”. En el caso de Juan Sánchez, la cantidad mensual era de 600 euros. Desde la Ejecutiva, aseguran: “No existe acuerdo alguno adoptado ni por la Comisión Ejecutiva local del PSOE, ni por ningún otro órgano provincial, autonómico o nacional, que autorizara o acordara remunerar a Fernández y Sánchez con alguna cantidad económica. Nuestra obligación era no mirar hacia otro lado y eso es lo que hemos hecho, cueste lo que cueste, porque estamos hablando de comportamientos que no tienen cabida en este partido y que no vamos a tolerar ni silenciar”.

Juan Fernández se defendió a través de un comunicado en el que aseguró que “se trata de una rabiosa reacción ante las querellas criminales que muy anteriormente interpuso contra los dirigentes provinciales, Francisco Reyes y Pilar Parra, y el secretario local actual, Daniel Campos”. El alcalde prosigue y asegura que ninguno de ellos “tuvo la valentía de acudir al juzgado en el acto previo de conciliación, aunque solo fuera para ratificar su posición”. “Ni siquiera aceptaron el reto a un debate público para aclarar a la militancia y al resto de la ciudadanía la realidad de la situación”, dice. Fernández cree que se produjo una “amplificación mediática de la noticia, a consecuencia de la influencia clientelar del PSOE”. “Esto no debe sepultar otras ineludibles que se producirán en un tiempo cercano, el proceso de querellas criminales por injurias y calumnias que interpuse contra ellos sigue, inexorablemente, su curso”.

Ahora solo queda esperar al día 1 de febrero para ver qué devenir tiene la querella puesta al alcalde.

DISPARIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE EL CESE

Tras el cambio de ejecutiva y la realización de una auditoría, el Partido Socialista envió a Ferraz toda la información. A los pocos días, se hizo efectiva la expulsión de Juan Fernández y Juan Sánchez de la formación. Hay opiniones encontradas, puesto que el alcalde asegura no hacer recibido aún ninguna notificación de la Ejecutiva federal que afirme su cese de la militancia.